La gestión de Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo se encuentra nuevamente en el centro de los cuestionamientos. Esto porque la Contraloría general de la República realizó un control concurrente a la institución y se halló con algunas irregularidades que estarían pasando como el proceso de contratación de nuevos servidores públicos.
Según informes de la entidad fiscalizadora, a los que Infobae Perú tuvo acceso, revela que la administración de Gutiérrez no estaría especificando los términos de referencia que resultan claves para requerir locadores de servicios que realizan labores de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución sin que ello implique en modo alguno una vinculación de carácter laboral con el Estado.
Adicionalmente, tampoco agregarían las funciones establecidas que cada nuevo proveedores desarrollará en caso se una a la Defensoría del Pueblo. Esta situación podría ocasionar el impedimento para verificar el cumplimiento de las condiciones contratadas y la naturaleza misma del acuerdo.
La misma entidad hizo una lista de 21 pedidos de servicio solo en enero de este año. Se detalla que buscaban especialistas en áreas como electricidad, actualización de plan estratégico, difusión de medios de comunicación, digitación y sistematización de información, diseño y diagramación de documentos, comunicación social, proyectos de inversión, elaboración de documentos legales.
De igual manera, en asuntos como terapia física, seguimiento de documentos administrativos, propuestas de estrategias comunicacionales, monitoreo y análisis de medios de comunicación, datos y generación de informes para el tablero de indicadores defensoriales, publicaciones en el diario oficial El Peruano, soporte y mantenimiento de servidores, clasificación y ordenamiento de archivos y coordinación con medios.
Finalmente, en mantenimiento de equipo de aire acondicionado, grabación, edición y post producción del contenido audiovisual, servicio de vigilancia, y traslado de personal de Lima a Tumbes. Por estos puestos se iban a ofrecer sueldos entre S/ 2 600 hasta S/ 34 000.
Casos
Por esta falta de transparencia en la Defensoría del Pueblo es que se presentaron algunos casos reportados por la Contraloría.
Es así que la entidad fiscalizadora encontró, por ejemplo, que la proveedora Silvia Trujillo Rubín presentó su declaración jurada para que labore en el Área de Tesorería cumpliendo con organizar y verificar los comprobantes de pago que se dieron en el 2022. Por esta actividad, cuya duración iba a ser por tres meses, cobraría la suma S/ 12 000.
No obstante, los documentos de Trujillo no acreditaría que cumpla con la experiencia profesional exigida que era de cinco años en sectores públicos y privados, así como dos años en concreto en temas de administración y tesorería.
Cabe precisar que la Contraloría menciona en sus informes que reportaron sobre estos hechos a la Defensoría del Pueblo, pero aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas. Se dará conocimiento al abogado Josué Gutiérrez a fin de que sepa que está ocurriendo en la institución que lidera desde mayo del 2023 tras ser elegido por el Congreso.
Desmantelamiento total
Desde que Josué Gutiérrez llegó a la Defensoría, al menos ocho adjuntos terminaron alejándose por su manejo institucional. Entre los que se han ido destacan Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), y Percy Castillo (Derechos Humanos y Discapacidad).
Igualmente, Lissette Vásquez, quien se desempeñaba como adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, y Rolando Luque, titular para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, también optaron por irse.
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