
La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema de Chile emitió un informe en el que recomienda a la máxima instancia judicial de dicho país ampliar la extradición del exdictador Alberto Fujimori para que responda ante la justicia peruana por 8 casos. Entre estos se encuentran las esterilizaciones forzadas y la venta de fusiles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Así lo propuso el fiscal judicial Jorge Luis Norambuena Carrillo a la ministra (jueza) instructora de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz Sánchez, en el informe al que accedió Infobae Perú.
En este documento, el fiscal concluye que las solicitudes de extradición del Estado peruano cumplen con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal de Chile (identificación del requerido, determinación de delitos y fundadas sospechas de comisión del ilícito) y en el acuerdo de extradición entre Perú y la nación sureña.

Esterilizaciones forzadas
En el caso de las esterilizaciones forzadas, se le atribuye a Fujimori la comisión de los delitos de lesiones graves seguidos de muerte en agravio de cinco mujeres y de lesiones graves en el caso de otras 1.300 víctimas. Todo ello en un contexto de grave violación de derechos humanos.
Aquí se le imputa a Fujimori, en su condición de presidente de la República, haber impulsado, validado y ejecutado una “política de Planificación Familiar” para reducir las tasas de natalidad y, de esta manera, intentar disminuir los niveles de pobreza.
El programa fujimorista priorizó las intervenciones quirúrgicas sobre los otros métodos anticonceptivos disponibles y fue aplicado mayoritariamente en la población de escasos recursos de origen indígena. Numerosas intervenciones se practicaron sin consentimiento.

La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema de Chile, en su informe, precisa que estos hechos no pueden ser prescribir toda vez que Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos los han reconocido como graves violaciones de derechos humanos.
En Perú, el caso estaba en etapa de instrucción (investigación preparatoria); sin embargo, el exministro de Fujimori y actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, logró que el proceso regrese a la Fiscalía para que esta reformule la denuncia penal. El retroceso fue por orden de la Corte Suprema, que declaró fundada una acción de amparo del exministro.

Venta de armas a las FARC
Según la investigación, el exdictador Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos vendieron ilegalmente 10 mil fusiles AK-47 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La entrega fue de película: sobrevolaron la selva colombiana y arrojaron las armas en cajas con un paracaídas incorporado.
Para intentar salir bien parados, Fujimori y Montesinos alteraron los hechos y crearon el denominado “Plan Siberia”, una falsa operación de inteligencia que supuestamente había desarticulado una red de tráfico de armas a las FARC.

Sin embargo, inteligencia colombiana y la propia CIA de Estados Unidos ya tenían conocimiento que las armas que recibían las guerrillas habían sido compradas por el Gobierno peruano. Incluso, el libanés Sarkis Soghanalian confesó a los agentes norteamericanos que la compra fue coordinada con el mismo Vladimiro Montesinos en Lima.
Por este caso, el exasesor presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) fue condenado a 20 años de prisión, junto a otros implicados en la ilegal operación.
Uno de los condenados por la justicia peruana fue el ucraniano Dmytro Chornyi. ¿Su función? Fue el piloto que condujo la aeronave desde donde se lanzaron las cajas son subfusiles. Este fue detenido en septiembre de 2023 por la Policía de Albania, cuando intentaba ingresar de manera irregular a dicho país.
En total son 5 cargos que se le imputa a Alberto Fujimori en este caso: asociación ilícita para delinquir, suministro ilegal de armas de fuego, violación de soberanía extranjera, falsedad genérica y conspiración.
Más cargos
El informe del fiscal judicial Jorge Luis Norambuena Carrillo también recomienda a la ministra instructora Andrea Muñoz Sánchez aprobar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori en los siguientes casos:
- Masacre en el Penal Castro Castro: Homicidio calificado y lesiones graves
- Ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón: Homicidio calificado
- Represalias contra los militares que buscaban derrocar a Fujimori por el autogolpe (Movimiento 13N): Secuestro agravado
- Masacre de la Familia Ventocilla: Homicidio calificado y secuestro agravado
- Compra de la línea editorial de Panamericana Televisión con fondos desviados del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior: Asociación ilícita para delinquir y peculado
- Posesión de filmaciones de sesiones secretas del Concejo de Defensa Nacional en las que se trató el conflicto bélico con Ecuador: Revelación de secretos de Estado
El informe fiscal deberá ser evaluado por la ministra instructora Andrea Muñoz Sánchez. En caso de que emita una sentencia autorizando la ampliación de la extradición, la defensa de Fujimori podría interponer un recurso de apelación, a fin de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile resuelva en segunda instancia.
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