CIDH pide al Gobierno de Dina Boluarte que “adopte medidas” por nulidad del caso de las esterilizaciones forzadas

El Perú es nuevamente motivo de cuestionamiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por presuntas faltas de acceso a la justicia. En un pronunciamiento emitido este martes 12 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación respecto a la decisión emitida por una sala de la Corte Suprema de Justicia el último 7 de diciembre que resuelve la nulidad del caso de “Esterilizaciones Forzadas” en el que el exdictador Alberto Fujimori y otros miembros de su régimen son investigados.

Según lo precisado por el organismo velador de derechos humanos en la sesión llevada a cabo este martes, la asamblea “tomó nota” de la orden dispuesta por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio; en la que se ordena devolver todos los casos avanzados hasta la fecha en el marco de dicho caso y declara nulo el procesamiento de toda la información hasta la fecha recabada.

Con esta disposición, que resulta luego de se declarara fundada la demanda de amparo presentada por el congresista Alejandro Aguinaga, implicado en el caso; el proceso regresa a ser jurisdicción del Ministerio Público, empezando todo desde cero.

Al tomar conocimiento de este hecho, la misma CIDH ha señalado que ante la “anulación del Auto de Apertura de Instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades por las esterilizaciones forzadas contra mujeres”. Estas acciones fueron consideradas por dicha instancia internacional como un delito perpetrado en el contexto de “graves violaciones de derechos humanos”.

En ese sentido, la CIDH mostró su preocupación respecto a cómo esta disposición emitida por el magistrado Littman Ramírez puede afectar a la celeridad y el acceso a la justicia de los miles de víctimas que denunciaron haber sido víctimas de este delito y a quienes se les negó el derecho a la reproducción. “Preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y acceso a la justicia de las víctimas”, aseveró el organismo.

Pide que el Ejecutivo adopte medidas

En ese sentido, la CIDH le pidió al estado que establezca una serie de acciones respecto a esta decisión, a fin de que el acceso a la justicia de cada una de las víctimas sea garantizado. “La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”, se detalla en el comunicado.

Este documento constituye a una llamada de atención más de las que se han dispuesto en contra del Gobierno de Dina Boluarte, luego de que, en una clara muestra de desacato al SIDH, el Ejecutivo dispusiera la liberación del exdictador Alberto Fujimori; quien se encontraba en el penal de Barbadillo cumpliendo una condena de 25 años de cárcel efectiva por delitos de lesa humanidad.

Los delitos de los investigados

Cabe destacar que en el caso de las esterilizaciones forzadas se señala que hubo más de 217 mil víctimas entre los años 1996 y 2000. Los delitos que se le imputan tanto a Alberto Fujimori como a los exfuncionarios de su régimen, Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, y Alejandro Aguinaga, implican la presunta comisión de lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, homicidio culposo, exposición a peligro, secuestro, coacción, peculado, encubrimiento real, omisión de denuncia y omisión de funciones. Así lo ha detallado el Instituto de Democracia y Derechos Humanos.

Asimismo, el IDEHPUCP precisó que contra Fujimori Fujimori pesan los presuntos delitos de autoría mediata por dominio de la voluntad, autoría mediata por dominio de la libertad y autoría mediata por dominio de aparatos organizados de poder. Ello al haber establecido una política estatal de “control de natalidad” que se acentuó en las regiones más pobres del país.