La presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa legal, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra la denuncia constitucional por las muertes en protestas. Dicha denuncia fue formulada por suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado Joseph Campos reveló que el amparo fue presentado el último miércoles 24 de enero y busca que se deje sin efecto la denuncia constitucional por las muertes de 6 ciudadanos en el marco de las movilizaciones contra el Gobierno.
El resto de las muertes aún están en la etapa de investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, el recurso planteado ante el Poder Judicial por la defensa de la jefa de Estado también apunta a que se cierre dicha investigación.
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La denuncia constitucional contra Patricia Benavides es respecto a los homicidios de Christopher Michael Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santiesteban. Por estas muertes se le imputa a Boluarte la presunta comisión del delito de homicidio calificado por omisión en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La denuncia también alcanza al premier Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Piden cerrar investigación por agresión a Boluarte
La presidenta Dina Boluarte ha solicitado oficialmente que se detenga el proceso investigativo que se sigue contra Ruth Bárcena Loayza e Hilaria Aimé, quienes formaban parte del grupo de ciudadanos que protestaban por la muerte de sus familiares durante manifestaciones en diciembre de 2022. Aunque la posición de la mandataria no detiene automáticamente la investigación.
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La solicitud de Boluarte al fiscal Brechman Muñoz Lapa, encargado del caso, se basa en el entendimiento de las acciones de las mujeres, quienes erróneamente confrontaron a la mandataria al sentir que no se les brindaba justicia.
En un documento remitido al fiscal y revelado este jueves por RPP, Boluarte no solo compartió su pesar por la ausencia de respuestas hacia los familiares de los afectados, sino que también declaró que no impulsará la investigación y exhortó al cierre si el fiscal lo considera adecuado. El abogado de la presidenta, Joseph Campos, respaldó la decisión y enfatizó en una entrevista con RPP que esto debería verse como un gesto hacia la reconciliación nacional.
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La investigación a cargo de Muñoz Lapa por violencia contra la autoridad no ha finalizado, continúa su fase preliminar de 20 días, manteniendo a Bárcena y Aimé, familiares de Leonardo Hancco y Cristopher Ramos respectivamente, en riesgo de enfrentar procesos más severos. Las mujeres han demostrado su cooperación con las autoridades: Bárcena se presentó ante la Fiscalía en Huamanga, y Aimé tenía prevista su comparecencia esta semana. La abogada de las mujeres, Gloria Cano, ha comentado a Infobae Perú que veía mínimas las posibilidades de que las acciones de sus defendidas fueran calificadas como un delito penal.
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