La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz, presentó este miércoles una acción de amparo para dejar sin efecto el incremento del precio de peajes anunciado por Rutas de Lima, el consorcio que controla la concesión y las tasas de la vía del mismo nombre.
La demanda fue interpuesta ante el Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, horas después de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asistiera al Tribunal Constitucional (TC) para rechazar que ese costo varíe, a partir del 30 de enero, de S/ 6.50 a S/ 7.50.
La legisladora presentó la demanda a solo seis días de la fecha prevista para que entre en vigor el reajuste que, según Rutas de Lima, se debe a la inflación acumulada de 2022 y 2023. Si el Poder Judicial no admite a trámite la acción de amparo ni la evalúa, a partir el próximo martes, los usuarios que transiten por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé desembolsarían un sol más para pasar las casetas.
“El incremento tarifario empezó en 2 soles, pasó a 6.50, está pasando a 7.50, pero se va, por los menos, a 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el ‘contrato’, esta asociación criminal: una alcaldesa criminal y la empresa más criminal de la Tierra”, dijo el burgomaestre ante el máximo intérprete de la Constitución.
“El petitorio es retrotraer al estado anterior a la violación de derechos humanos, libertades fundamentales, lo cual implica que el Tribunal Constitucional ordene a la Municipalidad de Lima la administración de todas las garitas de peaje, eliminando el cobro de los vecinos de las zonas afectadas”, siguió.
Rutas de Lima comprende 115 kilómetros de vías, que incluye los tres principales accesos y salidas de la capital, por donde pasan, según estimaciones, más de 250 mil vehículos diarios. La concesión fue establecida para los próximos 30 años por un compromiso de inversión de $49 millones.
Cuando todavía era candidato a la alcaldía de Lima, López Aliaga prometió acabar con el cobro de los peajes a cargo del consorcio. En el primer mes de gestión, el Concejo Municipal anuló el contrato de concesión, por lo cual la firma inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que se cumpla con la disposición aprobada por el Consejo Metropolitano, y consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”.
En 2021, a raíz del megaescándalo Lava Jato, Brookfield presentó a la comuna limeña una propuesta para modificar tres cláusulas del contrato de concesión y poder adquirir la participación del 25% que aún mantiene Odebrecht Latinvest.
Según Epicentro TV, los “nudos” están contenidos en las cláusulas 1.109, 15.8 y 15.9 del contrato. Si la gestión de López Aliaga firma la propuesta de Brookfield, la salida de Odebrecht sería cuestión de tiempo. Pero hasta ahora no lo hace.
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