El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, advirtió posibles actos de obstrucción e interferencia por parte del procurador general interino Javier Pacheco a raíz de la desactivación de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado (UFDJE) en casos seguidos contra altos funcionarios, dependencia que seguía casos contra la presidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola, exministros, congresistas, entre otros.
En un oficio enviado al fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Pérez pide que se le informe sobre “posibles actos obstruccionistas” en las investigaciones que lleva el Equipo Especial Lava Jato, así como en los casos que ya se encuentran en etapa de juicio oral (Caso Metro de Lima, Caso Interoceánica Sur, Caso Cócteles y Caso No Revocatoria de Susana Villarán).
José Domingo Pérez hace el requerimiento en base a “la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE), entre otros; ello, especialmente a partir de su designación como Procurador General del Estado Interino” por parte de la presidenta Dina Boluarte y el ministro Eduardo Arana.
Como se recuerda, el jueves 21 de diciembre, a través de un documento de 3 hojas, el procurador interino Javier Pacheco solicitó a la Gerencia General de la Procuraduría General del Estado desactivar la UFDJE en casos contra altos funcionarios y remitir todos los expedientes a su despacho.
La excusa inicial del titular temporal de la PGE fue “optimizar los recursos y esfuerzos en la defensa jurídica de los intereses del Estado”. Luego, en un comunicado, alegó que se cesó dicha unidad por la supuesta “indebida contratación de 18 profesionales”, argumento que no figura en el memorando con el que requirió la desactivación.
Que dicha dependencia deje de funcionar implica que la Procuraduría no cumpla con su rol de defender debidamente los intereses del Estado en casos contra autoridades ya que, además de sentar posición en audiencias judiciales, participaba en diligencias fiscales, como interrogatorios.
Antes de la desactivación, la UFDJE en casos contra altos funcionarios tenía a su cargo cerca de 90 expedientes. Resaltan el caso por las muertes en protestas, los ‘mochasueldos’ en el Congreso, el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y el caso Vacunagate contra Martín Vizcarra.
“Renuncias”
Antes de desactivar la UFDJE en casos contra altos funcionarios, Javier Pacheco desmanteló dicha unidad, así como otras oficinas clave en la PGE. Solicitó las renuncias de los siguientes funcionarios:
- Omar Kadafi Jesús Rojas Silva, jefe de la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios
- Jorge Pasco Loayza, jefe de la Oficina de Control Funcional
- Roxana Yanett Paz Cárdenas, jefa de la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional
- Zenaida Calderón Anticona, directora de la Dirección de Valoración y Pericias
- Saúl Enrique Alfonso Ampuero Godo, director de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal
- Patricia Carolina Rosa Garcés Peralta, directora del Centro de Formación y Capacitación
- Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica
- Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro
De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, la salida de los profesionales de la Oficina de Control Funcional fue una represalia por la investigación disciplinaria que se le abrió por supuestamente contratar en la Procuraduría Anticorrupción a Katia Portugal Zevallos, quien, según Panorama, sería su pareja.
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