La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que intenta justificar la decisión del interino Javier Pacheco de desactivar la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado (UFDJE) en casos seguidos contra Altos funcionarios donde se seguían los casos penales contra la presidenta Dina Boluarte, quien nombró a dedo al actual procurador interino.
Según el comunicado, cuando Pacheco asumió el cargo se dio cuenta de que supuestamente existiría una “indebida duplicidad de funciones y actos irregulares en la gestión administrativa dentro de la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra Altos funcionarios y la Unidad Funcional de Articulación Territorial”.
El pronunciamiento se centra en la UDFJE en casos contra altos funcionarios. Se argumenta que se dejó sin efecto su creación porque presuntamente vulneraría el reglamento de la Procuraduría General del Estado “para justificar la indebida contratación de 18 profesionales”
“Ante estos hechos se ha solicitado de forma urgente la intervención de la Contraloría General de la República a fin de que disponga las acciones de control respectivas y determine las responsabilidades de ley. La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción, para así fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y una vez concluida las acciones solicitadas se pondrá en conocimiento al público el resultado de las mismas”, se lee en el comunicado que, según pudo conocer Infobae Perú, no habría sido redactado por la Oficina de Comunicaciones de la PGE.
La desactivación de la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios implica un retroceso toda vez que esta unidad se creó debido a la alta complejidad de estos casos y la voluminosidad de los expedientes.
Inconsistencias
La “indebida contratación de 18 profesionales” en la UFDJE en casos seguidos contra Altos funcionarios no figura entre los argumentos con los que el interino Javier Pacheco requirió a la Gerencia General de la Procuraduría General del Estado desactivar dicha dependencia.
En el memorando, Pacheco alega que la desactivación tiene como objetivo “optimizar los recursos y esfuerzos en la defensa jurídica de los intereses del Estado” con el objetivo de “centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos, proporcionando mayor flexibilidad en la gestión de estrategias procesales, permitiéndonos adaptarnos rápidamente a las demandas cambiantes”.
“Solicito desactivar las Unidades Funcionales en mención a través del acto resolutivo correspondiente y disponer el traspaso de los documentos de los archivos de gestión a este Despacho”, se lee en el documento.
Incluso, en la resolución de Gerencia General tampoco se menciona como motivo para cerrar la dependencia que ve casos contra altos funcionarios la “indebida contratación de 18 profesionales”.
Llama la atención también que Javier Pacheco pida a la Contraloría General de la República intervenir cuando un miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado es justamente un representante de la institución que dirige Nelson Shack.
Los otros dos miembros del Consejo Directivo de la PGE son Javier Pacheco y un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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