“Hay cinco mil niños y adolescentes internados en albergues a la espera de ser adoptados”, advierte Ana Jara

En Perú, el proceso de adopción para menores en situación de abandono o riesgo social es sometido a diversos retos y demoras, cuenta Ana Jara, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su columna “El viacrucis de las adopciones” para el diario Perú 21. La normativa vigente busca, en primer lugar, integrar a los niños y adolescentes en hogares de familiares distantes, antes de declarar su “desprotección familiar y adoptabilidad”, extendiendo su permanencia en albergues y afectando su desarrollo.

Jara comenta que se supone que la actual legislación peruana está diseñada para cumplir con tratados internacionales y convenciones destinados a proteger a la niñez y la adolescencia. Sin embargo, mientras se busca a posibles familiares, los menores sufren retrasos en su desarrollo físico y emocional. Eda Aguilar, exdirectora general de Adopciones del MIMP, advierte que “por cada seis meses de vida institucional, hay un año de retraso en el desarrollo” del menor. Por ejemplo, un niño de 4 años que vivió un año en un albergue tiene dos años de retraso en su desarrollo físico y emocional.

Esta situación ha generado un llamado urgente para que los poderes del Estado, específicamente el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Mujer, optimicen sus protocolos en materia de adopción. Es fundamental establecer tiempos definidos en la búsqueda de familiares, para así acelerar el proceso y permitir que un juez pueda declarar al menor apto para ser adoptado, idealmente en no más de un año.

Jara hace una crítica a la prolongada espera que deben soportar los bebés recién nacidos abandonados, que pueden tardar entre 2 y 4 años en ser adoptados, pese a la existencia de potenciales padres adoptivos. Asimismo, se cuestiona la falta de preferencia a familias acogedoras en el proceso de adopción; los menores, tras haber formado vínculos afectivos, pueden ser apartados de dichas familias si otros adoptantes califican. El interés superior del niño y sus lazos emocionales parecen quedar en segundo plano ante estos procedimientos.

En 2022, un reportaje de La República señaló que más de 300 menores se encuentran imposibilitados para ser adoptados a causa de los retrasos burocráticos dentro del Poder Judicial (PJ), lo cual los mantiene en un estado de incertidumbre y priva de la oportunidad de formar parte de un hogar. La exministra de la Mujer, de aquel año, Claudia Dávila, planteó solicitar al PJ que estos casos sean priorizados, ya que el proceso de declaración de abandono presenta plazos sumamente dilatados.

Uno de los principales cuellos de botella identificados por la ministra Dávila es el “peritaje pelmatoscópico”, una práctica que busca ubicar a los familiares de los menores a través de las huellas de sus pies. Mientras que no se logre un resultado negativo en esta práctica, el PJ no puede concluir el estado de desprotección de los menores, condición indispensable para entrar en la lista de espera de adopciones.

La Dirección General de Adopciones (DGA), liderada por Mayda Ramos, indicó en 2022 trabajar en colaboración con los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y está buscando una comunicación más efectiva para el seguimiento de los casos individuales de adopción. Además, a través del aplicativo ‘El juez te escucha’, buscan agilizar los procesos judiciales. Estas medidas buscan evitar casos que han esperado decisiones del PJ por más de una década

La importancia de la pronta resolución de estos procesos de adopción es crítica debido a que, con el paso del tiempo, las posibilidades de que los niños sean adoptados disminuyen considerablemente, dado que las familias suelen preferir menores de seis años. En la actualidad, existen 242 familias en la lista de espera para adoptar, de las cuales solo 108 se inscriben en el registro de adopción especial. A lo largo de este año, se han concretado 70 adopciones, 35 son regulares y 35 especiales, en contraste con las 142 adoptadas en el año 2021