Sociedad civil y organizaciones en defensa del ambiente exigen se derogue ley que promueve la deforestación ilegal

Tras haberse aprobado en el Congreso de la República las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con impacto directo en la Amazonía, el Capítulo Peruano del Movimiento Católico Mundial por el Clima, junto con 12 organizaciones en defensa del ambiente, solicitaron la derogación de la modificación de la normativa.

De acuerdo al pronunciamiento, la reciente acción legislativa aprobada contradice mandatos constitucionales y múltiples compromisos asumidos por el Estado peruano en tratados internacionales, además de omitir el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas, cuyo bienestar y seguridad depende de la salud de los ecosistemas forestales.

En el comunicado subrayan que la nueva legislación, que ha sido objeto de polémica tras su aprobación, podría implicar un retroceso en la conservación de tierras forestales y áreas de protección en el país. Esto debido a que facilitaría la transformación de estos terrenos para otros fines, sin respetar las regulaciones previamente establecidas.

Estas regulaciones incluyen normas para la clasificación de suelos según su capacidad de uso y la autorización para cambios en el uso de suelo.

El documento ha sido firmado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos & Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosas y Religiosos (Comisión de JPIC-DD.HH CONFER Perú), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Perú, el Carmelo Misionero Seglar CMS Flor del Carmelo.

Asimismo, se suma el respaldo por escrito de la Fraternidad Carlos de Foucauld, La Iniciativa interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú (IRI Perú), Pastoral Social - Diócesis de Chosica, Comisicón de Ecología y Cuidado de la Creación Diócesis de Lurin, Equipos Docentes del Perú (EDOP), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Se develan escasos esfuerzos del Estado por proteger a la Amazonía

Tras revelarse la quienes estuvieron detrás de la modificación de la norma que ahora permitirá la deforestación en la Amazonía, y culminarse la COP 28 —la Cumbre Climática anual que busca frenar el calentamiento global—, este domingo la Agencia Andina publicó que en el país hay más de 800 mil 000 hectáreas de bosques amazónicos que se ubican en predios privados, equivalente aproximado a 160.578 mil estadios nacionales.

Este dato brindado por la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques del (Minam) llama la atención en el contexto de las nuevas disposiciones aprobadas sobre la Ley Forestal, ya que la reciente modificación aprobada incluye la remoción del Ministerio del Ambiente (Minam) en los procesos y opiniones técnicas de zonificación forestal, y la eliminación de la necesidad de obtener autorizaciones para el cambio de uso de suelo en terrenos privados.

Organizaciones indígenas y productivas iniciaron lucha en 2022

Desde el año pasado, distintas organizaciones indígenas y del ámbito agrario vienen presentando ante el Poder Legislativo varios pronunciamientos y cartas en las que exhortaron a la representación nacional a no aprobar la iniciativa legislativa impulsada desde las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso.

Dentro de ellas están: la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Confederación Nacional Agraria, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencap), y el Colegio de Biólogos del Perú.

En sus pedidos se resalta que el Perú enfrenta un aumento en sus índices de deforestación, donde la expansión agrícola se identifica como el principal factor, contabilizando el 51.6% del total nacional.

En esa línea, cabe recordar que la ganadería, actividades extractivas ilegales, la tala ilegal, cultivos ilícitos y proyectos de infraestructura suman el 48.4% restante en la degradación de los bosques en el territorio nacional.