
En medio de los últimos acontecimientos vinculados a la minería ilegal que han ocurrido en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, la economía ilegal que mueve más dinero que el narcotráfico en el país también golpea de manera grave al departamento de Puno.
De acuerdo a medios de comunicación puneños, tales como Pachamama Radio, en los últimos días, se han venido registrando enfrentamientos que estarían relacionados a la disputa por territorios implicados en actividades de minería ilegal en la selva del departamento surandino. Específicamente en los distritos de Coasa, en la provincia de Carabaya; y Limbani, en la provincia de Sandía, en el sector Chiwi – Inambari.
Según el subprefecto de Coasa, Rodolfo Churqui, el 29 de noviembre se habría organizado una emboscada en el distrito de Coasa, acción advertida hace unos 10 días por la comunidad de Chiwi, quienes habían solicitado -sin éxito- protección ante el eventual ataque.

Como resultado, hasta el momento, se registra al menos un fallecido, seis heridos y 15 personas desaparecidas, además de daños materiales y ambientales. Esta información también ha sido confirmada por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Coasa, Jesús Choquenaira Málaga.
En esa misma línea, de acuerdo a RPP, la persona que perdió la vida responde al nombre de Luis García Paco, un joven de 23 años. Por otro lado, se sabe que los ciudadanos que resultaron con afectaciones en su salud fueron trasladados -a pie- a la capital de Coasa para su atención médica.
Las autoridades locales alertan que la presencia de la economía ilegal en la zona, —donde se ha vuelto común el uso de armas de fuego, dinamita y machetes de parte de los grupos ilegales—, se vive un ambiente constante de inseguridad y temor entre los habitantes.
Autoridades locales hacen llamado urgente al Gobierno
En el marco de los hechos, la Municipalidad Distrital de Coasa se pronunció acerca de las consecuencias mortales del conflicto limítrofe que afecta a las provincias puneñas de Carabaya y Sandia.
En ese sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para entablar un diálogo que permita enfrentar y resolver la crisis que escala en violencia y víctimas. También, exhortaron a los líderes regionales y locales a involucrarse de manera inmediata para abordar la problemática que se desarrolla en la selva coaña.
Además, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, se dispuso la suspensión de los Juegos Olímpicos Municipales Provinciales Carabaya 2023.

Fiscalía de Puno reconoce que no puede controlar minería ilegal
En una entrevista sostenida en junio de este año con la emisora puneña Radio La Decana, el funcionario encargado del medio ambiente en la Fiscalía de Puno, Óscar Giménez, informó que, de acuerdo con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se registran 47 empresas mineras formales en la provincia de Puno.
Son cinco en Azángaro, 1.054 en Carabaya, tres en Ilave, 10 en Huancané, 710 en Melgar, 789 en San Antonio de Putina, 27 en San Román y 1790 en Sandia.
No obstante, Giménez aseguró que hay presencia de minería ilegal en todas estas jurisdicciones, confirmando que, a pesar de los esfuerzos coordinados, no se logra abordar de manera adecuada la extensa problemática de la minería ilegal en la región de Puno.
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