Patricia Benavides contrató a funcionarios de confianza que laboraron con su hermana tras escándalo ‘Cuellos Blancos’

Al menos ocho funcionarios de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, trabajaron previamente con su hermana Ruth, expresidenta de la Corte Superior del Callao y sucesora de Walter Ríos, uno de los principales protagonistas de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.

Con base en las resoluciones de designación de personal, Epicentro TV encontró que los trabajadores que acompañaron la gestión de Ruth Benavides entre 2019 y 2020 pasaron a integrarse al entorno más cercano de la titular del Ministerio Público, enfrentada a un proceso que podría acabar en su de destitución.

Miguel Ángel Girao, otro de los detenidos en esta diligencia enmarcada en la pesquisa de una red criminal en la cúpula del Ministerio Público, había trabajado Ruth Benavides en varios cargos de confianza: el 2 de enero de 2019 ingresó como coordinador de la Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación de la Unidad Ejecutora de dicha corte.

Rápidamente, el 13 de febrero fue ascendido a coordinador de la Oficina de Trámite Documentario. Su carrera en el Callao continuó en vertiginoso ascenso y el 7 de mayo del 2019, fue nombrado en el cargo de confianza de asesor de la Presidencia de la Corte, donde estuvo hasta su renuncia, en noviembre de 2019, según el informe periodístico.

Los otros siete colaboradores compartidos por las hermanas Benavides son, según el informe, Wuendy Pallarta Díaz, María Claudia del Rosario Rubio Robles, Jorge Luis Palomino Quesada, Sabina Isabel Vega Chilcon, Mariela Lidya Mendoza Ortiz, Brenda Lisset Rojas Marroquí y Natalia Torres Abarca.

Rubio Robles fue nombrada el 6 de noviembre de 2019 en la Corte del Callao como coordinadora I de la Oficina de Planes y Presupuestos de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, y el 20 de enero de 2020 pasó al equipo de Gestión de Procesos. El 19 de julio de 2022, durante la gestión de Patricia Benavides, fue designada como responsable de la Oficina General de Planificación y presupuesto del Ministerio Público.

Vega Chilcon, en tanto, fue nombrada el 11 de septiembre de 2020 como secretaria técnica de la comisión de Gestión del Despacho Judicial de la Corte del Callao. Pocos días, después le asignó la responsabilidad de integrar el equipo de trabajo para la atención de requerimientos del Ministerio Público, la Contraloría y otras instituciones.

Mendoza Ortiz, por su parte, fue jefa de la unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior del Callao y encargada de presidir la Comisión de Mejora de la Gestión de Procesos en el Código Procesal Penal. En septiembre de 2023, Patricia Benavides la ubicó también en la Oficina Técnica de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Torres Abarca fue nombrada asesora de la Corte Superior del Callao en 2019 y parte del Comité de Implementación del Sistema Integrado del Nuevo Código Procesal Penal en la Corte del Callao. En diciembre de 2022, Patricia Benavides la nombró consejera de Cobertura Nacional del Despacho y gerente del despacho de la fiscal. En la noche de la crisis, también acudió al llamado de urgencia: entró a las 21:41 horas y salió a la 1:07 horas del lunes, de acuerdo con el informe periodístico.

La organización atribuida a Patricia Benavides es acusada de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

Previamente, la gobernante declaró su “extrañeza” ante una denuncia constitucional formulada contra ella por las muertes en protestas. Por su parte, Benavides agregó que la investigación en la que ha quedado incursa “tiene como propósito” amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”. El próximo miércoles 6 de diciembre, la fiscal general deberá acudir a una audiencia convocada por la JNJ, que tiene la facultad de destituirla por las acusaciones e indicios presentados en su contra.