En las últimas semanas, se ha conocido que diversos proyectos inmobiliarios se han visto paralizados por la decisión de las municipalidades de los distritos limeños. E incluso los trabajadores de construcción han realizado una protesta en Miraflores, una de las jurisdicciones que cuenta con una decena de obras interrumpidas.
Desde Urubamba, Cusco, Infobae Perú conversó con el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), José Espantoso, quien manifestó que se estima que alrededor de 300 a 400 proyectos han sido detenidos.
Esto tendría una inversión de USD 800 y USD 1.200 millones, como también se vería afectado alrededor de 60 mil empleos. “Lo más triste es que postergan los sueños de muchas familias que han confiado en estos proyectos y no podrán residir en sus viviendas por este impase que se vienen teniendo con estas municipalidades”, añadió.
De acuerdo con el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Raúl Rojas, desde octubre existen obreros que no realizan sus labores en Miraflores, por lo tanto, no perciben ninguna remuneración. Ante ello, el alcalde Carlos Canales enfatizó que han enviado un oficio al Ministerio de Vivienda para conocer la “opinión” en torno a una anulación de licencia.
Esta comuna también rechazó que las paralizaciones se hayan efectuado de manera “arbitraria”. En este sentido, remarcó que continuarán con la postura de no permitir proyectos de Vivienda de Interés Social en zonas que no estén dentro del reglamento.
Mesa de diálogo
Espantoso también señaló que buscan llegar a una mesa de diálogo con las instituciones involucradas que promueven la vivienda formal. Por ello, enfatiza que esta reunión se dará con el Ministerio de Vivienda, gobiernos locales, representantes del Fondo Mivivienda y otros.
Por otro lado, manifestó que si se desea bajar el déficit de vivienda en el Perú, el Estado tiene que continuar invirtiendo en estos programas para que más ciudadanos puedan contar con el sueño de la casa propia.

Es así como precisa que buscan impulsar una ley de financiamiento para la vivienda, por lo que piden reunirse con los representantes de la gestión de Hania Pérez de Cuéllar.
Sector inmobiliario y el Estado
En el último año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ha visto involucrado en casos de corrupción; precisamente, en el Fondo Mivivienda. Esto a las denuncias que se revelaron que había llevado a la empresaria Sada Goray a beneficiarse a cambio de entregas de coimas, de acuerdo con la carpeta fiscal.
Una situación que golpea a todo el sector en la relación del privado con el público. Además, que perjudicó a cientos de familias con el sueño propio de su vivienda, quienes hasta la fecha reclaman que han sido estafadas.
El presidente de ASEI manifiesta que este vínculo antes era “malo”, pero que ahora la relación se encuentra “bien”. “Tenemos una agenda de trabajo [...] No a todas las cosas que queremos nos dicen que sí. [...] vemos, dentro del ministerio, las acciones que han hecho para combatir la corrupción”, sostiene.

A su vez, indica que los temas de las paralizaciones de los proyectos solo ocasiona que no genere “confianza al sector privado”. “Estamos hablando de entre 5 a 6 municipalidades, en un total de 1800 localidades que tiene el país. Entonces, es llegar a la diferencia, a los que sí quieren trabajar”, precisó.
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