El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, decidirá en las próximas horas si libera al exdictador Alberto Fujimori tras recibir la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Además de los más de 900 folios del expediente, el juez, que registra sanciones disciplinarias, deberá decidir si acata o no la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al Estado peruano abstenerse de aplicar la referida gracia presidencial que otorgó PPK para salvarse de la moción de vacancia que se debatía en el Congreso.
Las víctimas de las masacres ya denunciaron ante la Corte IDH el eventual incumplimiento, por lo que el tribunal supranacional ha requerido al Perú un informe en el que se detalle si se ha ejecutado su fallo que bloquea la liberación del exdictador por no ajustarse al compromiso del país de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El plazo para presentar este documento es el 6 de diciembre.
¿Qué dice la última resolución del TC?
La resolución publicada el último martes por el Tribunal Constitucional resuelve dos pedidos de aclaración que no fueron atendidos tras publicarse la sentencia que restablecía los efectos del indulto.
El primer pedido de aclaración fue formulado por el procurador público de Asuntos Judiciales del Poder Judicial y el segundo por el abogado de Fujimori, Elio Riera.
El procurador del PJ, según el TC, requería la reevaluación de los fundamentos de la sentencia. En tanto, Riera pedía determinar los alcances del pronunciamiento de la Corte IDH; sin embargo, presentó el escrito fuera de plazo. Por ello, los magistrados acordaron por mayoría declarar improcedentes las solicitudes.
En relación a los efectos del pronunciamiento del tribunal supranacional, la institución decidió no pronunciarse: “Se pretende, más bien, que este Tribunal Constitucional realice la valoración de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha posterior a la emisión de la sentencia de autos, lo que desnaturaliza el instituto de la aclaración”.
Desacato a la Corte IDH
Pese a que en ningún momento se ordenó la liberación de Alberto Fujimori, el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, aseguró que sí se ha dispuesto ello y sostiene que las sentencias que dictan “prevalecen” sobre las emitidas por la corte internacional.
“La que tiene prevalencia es la sentencia del TC. Las decisiones de la Corte Suprema (IDH) y su jurisprudencia las valoramos mucho, pero nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto. En todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión (de la Corte IDH). Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación”, declaró Morales Saravia a RPP Noticias.
Esto fue rebatido por el exagente del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Adrián Simons, quien indicó que las resoluciones de la Corte IDH sí tienen carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento.
Además, Simons recordó que el tribunal supranacional fijó una serie de estándares para que el exdictador pueda acceder a la gracia presidencial.
“La Corte le dice al Perú: ‘Tú no puedes implementar la sentencia’. Pero no ha cerrado la puerta. ‘No la puedes implementar debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia’”, señaló el letrado a RPP Noticias.
Los estándares que hace mención el experto son análisis de proporcionalidad, valoración de la vida y salud del reo, tiempo de carcelería, pago de la reparación civil, conducta para esclarecer la verdad y reconocimiento de la gravedad de los delitos.
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