El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, encaró este martes al ministro de Justicia, Eduardo Arana, por anunciar que la mandataria había dimitido a su inmunidad para “enfrentar” la investigación por las muertes en protestas, pese a que esta disposición constitucional es irrenunciable.
“Desmiento categóricamente esta situación, no sé cuál habrá sido la fuente del ministro, [...] que es asesor jurídico de los actos de Gobierno del presidente de la República. En este caso, el asesor jurídico de la investigación, soy yo. Creo que lo que hubiera correspondido es que yo conozca, antes que él mismo, esta decisión. Probablemente, ha sido una mala interpretación”, zanjó el letrado en una entrevista difundida en TV Perú.
“Las prerrogativas no le pertenecen personalmente a quien tiene el cargo, sino a la función presidencial. [Boluarte] puede renunciar a la Presidencia, sí, pero específicamente a las prerrogativas que son protecciones del cargo, no. [...] No es tan sencillo que alguien pueda disponer porque se blinda el cargo”, agregó el defensor.
“Por último, ni siquiera él [Arana] o yo, somos los llamados a anunciar ese tema. La prerrogativa es tan importante que quien debería, por lo menos, intentarla [quitar] a través de una declaración expresa es la presidenta de la República”, continuó.
Benavides anunció el lunes que denunció en el Congreso a Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas, al replicar a una investigación abierta en su contra por liderar una supuesta red criminal en el Ministerio Público. La acusación salpica también a tres exministros del Interior que ocuparon la cartera durante la ola de manifestaciones, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
“Mientras pensábamos cómo enfrentar este nuevo escenario, aparece esta denuncia constitucional. ¿Qué había pasado entre el viernes y el lunes? Jurídicamente, nada. ¿Qué había ocurrido? Esta guerra interna con una explicación política y de poder. Por alguna provocación que ha habido en la cabeza de la fiscal de la Nación, nos ha puesto dentro de los efectos de esta guerra interna que ella vive en el Ministerio Público”, remarcó.
Las mujeres más poderosas del país se han enfrascado en un choque inédito a raíz de una presunta red criminal denunciada en la cúpula fiscal, un encontronazo que la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) ha comparado con una novela mexicana.
La diligencia se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada, sindicada como cabeza de una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” durante al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
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