El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se presentó la mañana de este martes en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), para sustentar su proyecto de ley que busca realizar una serie de cambios en la institución que lidera desde mayo pasado con el pretexto de fortalecerla, pero que en realidad trata de debilitarla.
Durante su exposición, Gutiérrez no profundizó en un punto clave en su iniciativa legislativa: el cambio de criterio en la designación de la secretaría técnica de la comisión especial que nombrará a la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros se encuentran actualmente bajo el acecho del fujimorismo y sus aliados, quienes buscan destituirlos por presuntas faltas graves.
Actualmente, el secretario técnico del grupo que evaluará a los postulantes a la JNJ se hace por concurso público de méritos. Contrariamente a ello, Gutiérrez desea tener la prerrogativa de escogerlo y así saltarse todos los requisitos establecidos. Uno de ellos es que tenga diez años de experiencia en el sector público. Al respecto, el defensor respondió en la estación de preguntas que plantearon los congresistas que “ninguno puede calificar a eso”.
Sin embargo, una gran duda dejó sobre sus reales intenciones en este aspecto. El legislador Edgar Reymundo (Cambio Democrático) le consultó a Gutiérrez si antes se había suprimido el criterio de nombramiento por concurso del secretario de la comisión especial de la JNJ.
Sobre esto, el exasesor de la bancada de Perú Libre anotó que en el anterior proceso —que devino en la elección de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello— no hubo y se dio designación directa. Recordó que Walter Gutiérrez, en su calidad de presidente de la comisión especial de la JNJ, decidió encargarle la secretaría técnica a su adjunto en asuntos constitucionales.
Reymundo le hizo la repregunta a Gutiérrez sobre si, con este antecedente, entonces podría escoger a Elizabeth Zea, abogada que trabajó en el equipo técnico de Keiko Fujimori y actual adjunta en Asuntos Constitucionales. La respuesta del defensor fue clara: “Puede ser la adjunta en asuntos constitucionales como otro adjunto. Veremos quiénes cumplen”.
Hay que recordar que Zea llegó en medio de cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo. Esto porque se redujo requisitos para la ocupación de las oficinas adjuntas dentro de la institución defensorial. Uno de ellos está relacionado a la experiencia específica que pasó de cinco a cuatro años. Bajo este nuevo marco, la abogada fue colocada en el área de Asuntos Constitucionales. Por este hecho, varios adjuntos renunciaron y el sindicato de trabajadores de la Defensoría rechazaron que Zea integre la institución.
Débiles argumentos
Por otro lado, Gutiérrez tampoco no supo explicar en qué sentido su propuesta fortalecerá a la Defensoría del Pueblo. Cuando habló sobre el punto que podría permanecer en su cargo hasta el Congreso elija a su sucesor, recordó que sus predecesores Beatriz Merino y Walter Gutiérrez también estuvieron un poco más de tiempo al que fueron designados.
“La Defensoría no puede quedar acéfala y al margen de los derechos”, apuntó. Agregó que no se quiere perpetuar en su puesto y, por el contrario, refirió que su iniciativa va en la línea a lo que el Tribunal Constitucional resolvió en su sentencia de la demanda competencial que el Congreso entabló contra el Poder Judicial por realizar un control sobre sus acciones. En ese fallo se dice que “finalizado el período para el que fue designado, el Defensor del Pueblo continuará en funciones hasta que asuma el cargo su sucesor”.
Finalmente, Josué Gutiérrez también defendió su propuesta para escoger a sus adjuntos al sostener que sus predecesores en el cargo hicieron muy pocas convocatorias públicas para cubrir las plazas. “En cinco períodos no ha habido convocatorias”, anotó.
Tras la exposición del defensor del Pueblo, la Comisión de Constitución acordó que debatirán el tema en una próxima sesión.
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