
Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, presentó un proyecto de ley que generó grandes cuestionamientos entre los expertos. En la iniciativa, el funcionario no solo pretende modificar el vencimiento del cargo, sino que sea el defensor quien designe a sus adjuntos, atropellando la meritocracia. ¿Tendrá el respaldo requerido en el Congreso para que la norma sea oficializada?
En diálogo con El Comercio, el vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, mencionó que “de ninguna manera” su agrupación respaldará la iniciativa, y el portavoz de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, opinó de la misma manera.
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“En una institución pública se debe dejar la dedocracia y los cargos deben continuar siendo por concurso público, de tal manera que ingrese gente competente”, expresó.
Otro legislador que se sumó a la posición en contra fue Carlos Zeballos (Podemos Perú), quien opinó que “se tienen que respetar los períodos de cada funcionario que encabeza las instituciones por el tiempo señalado”. No obstante, no descartó que la medida llegue “prospere” ante una “alianza entre el fujimorismo y el cerronismo”.
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Al respecto, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, sostuvo que, “personalmente, no respalda ningún exceso”; mientras que Guido Bellido, de Perú Bicentenario, mencionó que aún no han revisado el proyecto y que lo harán “luego de la semana de representación”.
Entre los consultados por el medio, el único congresista a favor fue José Jerí (Somos Perú): “Quien esté a la cabeza de la institución debe ser el titular hasta que se elija a su reemplazo”, señaló.
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“Algo muy similar se hizo con la contraloría, pero con plazos, con lo que se ponía una exigencia adicional al congreso para acelerar los procedimientos de elección”, agregó.
¿Qué dice la norma?
La propuesta busca modificar diversos artículos de la ley N° 26520, con el supuesto objetivo de fortalecer institucionalmente a la Defensoría del Pueblo, “con la finalidad de modernizar y asegurar su actuación eficiente y oportuna en la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad”.
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Además de plantear que el vencimiento de la designación sea cuando se elija a su sucesor y que el titular de la Defensoría designe, mediante resolución y no por concurso público, a los adjuntos “que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en esta ley”; también especifica que será el funcionario quien coloque a los Jefes de las Oficinas Defensoriales, mediante resolución.
Josué Gutiérrez defiende proyecto
En diálogo con RPP, el excongresista mencionó que su propuesta se sustenta en dos criterios relacionados con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Primero, el enfoque de interculturalidad, y para eso necesitamos estar en los lugares de la conflictividad social (…) y, lo segundo, la atención de la Defensoría con el enfoque de territorialidad. Esos son los esquemas más importantes”, declaró.
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Sobre la designación de adjuntos, sostuvo que desde “hace muchos años, en la Defensoría del Pueblo no existe concurso público, sino designación de cargos por confianza”.
“Esto no es un tema nuevo, es un tema muy recurrente, soy heredero de esta costumbre. Apenas son 11 adjuntos que, al inicio de la marcha institucional, se han sometido a concurso. Después de eso, cerca de 40 adjuntos han sido designados prácticamente por confianza”, expresó en entrevista con el medio. No obstante, aseveró que si se decide que los nombramientos sean por concurso público, “será así”.
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Asimismo, negó que la extensión de su permanencia vinculada a la elección del Congreso debilite la meritocracia. “Eso no es faltar el respeto a nadie ni bajar la meritocracia. La meritocracia es encontrar un personal que viene trabajando 10, 20 años en la función y que debe ser promovido”, anotó.
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