Defensoría designa como asesora a Elizabeth Zea, vinculada al fujimorismo y parte de comisión consultiva de Boluarte

Luego de que el defensor del pueblo, Josué Gutierrez, aligerase los requisitos para las adjuntías. La abogada Zea fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en la última campaña electoral. Además, en los últimos meses cuestionó el informe de la CIDH, que concluía que en el Perú se dieron graves violaciones contra los derechos humanos de los manifestantes.

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Elizabeth Zea fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular, durante la última campaña presidencial. (Composición Infobae/Andina)
Elizabeth Zea fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular, durante la última campaña presidencial. (Composición Infobae/Andina)

Después de que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, removiese el requisito de cuatro años de experiencia en el sector público para acceder al cargo de adjunto defensorial, nombró como asesora II de la Primera Adjuntía a la abogada Elizabeth Zea, quien formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2021.

La ahora funcionaria de la Defensoría del Pueblo también integraba una de las integrantes de la comisión consultiva que el Gobierno nombró para apoyar ad honorem a la presidenta Dina Boluarte para que la asesoren en materia constitucional.

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Junto a ella en dicha comisión, están más juristas vinculados al partido fujimorista Fuerza Popular (FP), como expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, quien asumió la defensa del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones por el supuesto fraude de 2021, cuando Pedro Castillo le ganó a Fujimori en segunda vuelta. También Aníbal Quiroga, quien fue abogado defensor de la excandidata presidencial.

Elizabeth Zea se incorporó a la Defensoría del Pueblo este jueves 7 de septiembre y su nombramiento lleva la firma de Josué Gutierrez, precisamente en un contexto de sospechas por reducir los requisitos para los adjuntos. Vale precisar que la abogada no cuenta con el expertise en función pública que antes se exigía para su cargo.

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La abogada también fue candidata al Congreso por Peru Patria Segura. Pues bien, en la resolución administrativa también se establece que se le encargue el puesto de adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Ello, en reemplazo de Alberto Cruces, quien renunció hace aproximadamente dos semanas al cargo.

Resolución de nombramiento de Zea lleva la firma de Josué Gutierrez. (Captura/DP)
Resolución de nombramiento de Zea lleva la firma de Josué Gutierrez. (Captura/DP)

De acuerdo a fuentes informadas de Infobae Perú, tras la llegada de Gutierrez se sucedieron una ola de renuncias de quienes presidían las Adjuntías. La primera en irse fue la adjunta por los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés.

También la adjunta de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, Susana Silva renunció la semana pasada. Aún no hay reemplazo para su puesto.

Alicia Abanto, quien era la primera adjunta también se fue en la misma fecha y en su reemplazo a nombrado a Rina Rodríguez, que laboraba en la Defensoría desde hace varios años.

Finalmente, esta semana también renunció fue Matilde Cobeña, quien se desempeñaba como adjunta de Niños y Adolescentes.

Polémicas opiniones de la hoy asesora del defensor

En una columna en el diario Expreso, Elizabeth Zea cuestionó la inclusión de mujeres trans en el baño de mujeres de un aeropuerto peruano alegando la necesidad de proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de actos de violencia sexual.

ARCHIVO - Los residentes rodean los ataúdes durante una vigilia por las más de una docena de personas que murieron durante los disturbios en Juliaca, Perú, el martes 10 de enero de 2023. Grupos de derechos humanos, incluida la ONU, han pedido al gobierno peruano que investigue denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y soldados durante las recientes protestas que han dejado 49 civiles muertos. (AP Foto/Jose Sotomayor, Archivo)
ARCHIVO - Los residentes rodean los ataúdes durante una vigilia por las más de una docena de personas que murieron durante los disturbios en Juliaca, Perú, el martes 10 de enero de 2023. Grupos de derechos humanos, incluida la ONU, han pedido al gobierno peruano que investigue denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y soldados durante las recientes protestas que han dejado 49 civiles muertos. (AP Foto/Jose Sotomayor, Archivo)

Además, en mayo de este año, durante una entrevista con Latina también rechazó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refiriera a las muertes durante las protestas como posibles ejecuciones extrajudiciales o masacres. “Cuando uno revisa las fuentes de la Comisión, son fuentes que no pueden dar un suf sustentos para arribar a las conclusiones de que las protestas han sido producto de una discriminación racial, definitivamente hay comunidades que han sido olvidadas por el Estado, pero eso no parte del gobierno de Dina Boluarte”, dijo.