
“Esperamos que muy pronto pueda ser deportado al Perú para hacer frente a la justicia”, dijo la canciller Ana Gervasi, luego de comunicar que Estados Unidos le negó el asilo político a Alejandro Sánchez Sánchez, cercano al expresidente Pedro Castillo. Tras ello, el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, reveló cuándo el dueño de la casa Sarratea pisaría territorio peruano.
Si bien aclaró que el país norteamericano debe resolver la apelación presentada por el prófugo empresario en un promedio de 10 días, se mostró confiado de que el gobierno “va a actuar conforme a los procedimientos que siempre se han dictado”, por lo que se ratificará la negativa.
Al ser consultado sobre el tiempo en el que el allegado al exmandatario acusado de rebelión estaría en el país, mencionó que sería “cuestión de semanas”.

Alejandro Sánchez Sánchez, quien se encuentra recluido en el “Centro de Detención Del Rio”, fue intervenido el pasado 8 de setiembre por la Patrulla Fronteriza en Texas, cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera sur con México, en la localidad de Eagle Pass.
Como se recuerda, es investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias, en el marco de las indagaciones por la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno.
Por estos hechos, fue incluido desde noviembre del 2022 en el Programa de Recompensas y se ofrecía S/30 mil por cualquier información que condujera a su paradero. Además, se dispuso 30 meses de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, dicha medida no pudo ejecutarse porque escapó de la justicia.
“No he cometido delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen, pero no, como no soy culpable de nada, no lo haré”, dijo el investigado en noviembre pasado.
Cabe mencionar que, si bien algunos especialistas advirtieron del riesgo de que el investigado podría ser deportado a México y no a Perú, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que la Cancillería “está tomando las coordinaciones necesarias”.
“Vamos a luchar siempre contra la corrupción, caiga quien caiga. La Cancillería está tomando las coordinaciones necesarias para que este señor, lo más rápido posible, sea expulsado de Estados Unidos hacia el territorio peruano; no al mexicano. Es aquí donde tiene que rendir cuentas; ante la justicia peruana”, mencionó.
Incluso, el exprocurador anticorrupción Javier Pacheco descartó que sea deportado al país liderado por Andrés Manuel López Obrador. “Será expulsado y deportado a Perú; no cabe otra posibilidad”, declaró a Andina.
¿Qué pasará al ser extraditado a Perú?
Tal como pasó con el expresidente Alejandro Toledo, quien llegó a Lima el pasado 23 de abril y se encuentra detenido en el Penal Barbadillo, Sánchez Sánchez deberá pasar por una diligencia de identificación en el Poder Judicial y luego ser puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que deberá determinar el penal de reclusión en el que cumplirá los 30 meses de prisión preventiva dictados en su contra.
Una vez ahí, podrá participar de las audiencias en su contra de manera virtual o, si el tribunal lo considera, hacerlo de forma presencial, ya sea trasladándose hasta la instancia del Poder Judicial o recibiendo a los magistrados en el lugar en el que cumpla condena.
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