Este 19 de octubre se cumplió 30 días desde que el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y seis comunas de la provincia de Sullana. Para el ministro del Interior, Vicente Romero, en este último mes ha sido “positivo” y afirmó que los actos delincuenciales han disminuido, pese a que se ha seguido reportando.
Mientras que hace una semana, el Gobierno también decidió que se declare en estado de excepción a Lince y Cercado de Lima por la ola de crímenes. Si bien otras comunas han solicitado ser incluidas aún no se ha determinado.
Ante esta situación, Infobae Perú conversó con César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, para conocer el panorama de las jurisdicciones y analizar cómo ha beneficiado la decisión de la gestión de Dina Boluarte.
El especialista señaló que el balance que brindó el titular Vicente Romero sigue siendo “muy pobre” para lo que se requiere. El ministro aseveró solo el 5% de los detenidos por presuntos delitos de robos, hurtos y delitos contra el patrimonio se encuentran en un proceso, pero cuestiona que no exista datos oficiales.
“Los resultados son muy pobres. Si no hay una mirada integral de lo que se ha hecho, lo que se hace y se quiere hacer; entonces, será más de lo mismo. Lo que debería hacer este gobierno es potenciar y modernizar la Policía”, agrega.
Cuestiona a alcaldes
Ortiz no respalda la solicitud de las autoridades ediles que han pedido ser incluidos en la lista. Asimismo, cuestionó a cada burgomaestre por no contar con acciones desde que asumieron el cargo. “Los alcaldes, en su gran mayoría, en diez meses que tienen, no han hecho absolutamente nada en su tema que es preventivo”, sostiene.
El experto menciona que las propuestas de las autoridades locales en sus campañas no se vean reflejadas en estos momentos. Es así como menciona que pueden tener el presupuesto asignado, pero no saber qué artículos adquirir o son destinados para otras áreas.
En este sentido, exhortó a la Contraloría General de la República para que supervise las acciones de las municipalidades ante el estado de emergencia. “Si no hay control va a haber corrupción. El gran problema de este país es la corrupción e impunidad”, explicó.
Amplían pena por robo de celulares
Este 18 de octubre, el Gobierno oficializó la modificación de la norma que aumenta la pena para los que comentan el delito de hurto de un “equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar” tenga una condena no mayor a 20 años.
Sin embargo, esto cambiaría cuando el sujeto utilice algún explosivo o realice esta acción mediante un vehículo, debido a que la pena máxima asciende a 30 años. Para Ortiz, la decisión del Ejecutivo no “ayudaría” a disminuir las tasas de delincuencias.
La delincuencia es avezada no le interesa que le aumenten las penas. [...] Esta delincuencia actual no tiene escrúpulos. Actúa con armas de fuego. Están dispuestos a matar y a morir. Entonces el aumento de penas no va a ser significativo para un control de ese tipo”, enfatiza.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó que estos primeros días de emergencia “no han sido suficientes” para combatir la inseguridad ciudadana. En principio resaltó los operativos que se realizaron, pero señala que debe existir “acciones coordinadas y articuladas”.
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