La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes el informe final que recomendó la suspensión por 120 días de la legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión ante el recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.
Con 13 votos, el grupo presidido por Diego Bazán (Avanza País) acordó, de igual modo, descontar sus remuneraciones por este período y remitir la copia del documento al Ministerio Público.
La decisión ocurre un mes después de que Punto Final revelara que la parlamentaria también exigía que sus trabajadores le compren joyas y cubran, de manera total, sus gastos durante la semana de representación en Tumbes.
El economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, expuso una serie de audios y fotografías ante la negativa de la congresista de acudir a las citaciones en Ética y el Ministerio Público, que le abrió una investigación preliminar en abril pasado y la convirtió en la quinta legisladora procesada por presuntos cobros irregulares dentro de su despacho.
El propio partido fujimorista pidió que Cordero sea sancionada y retirada de todas las comisiones, anunció que seguiría adelante con un proceso de expulsión y pidió que sea destituida e inhabilitada durante diez años por corrupción.
El dominical también hizo público un nuevo audio donde se escucha a la parlamentaria deslizar represalias en caso fuera denunciara. “Tú haces un grito, alzas la voz, y sales inmediatamente. [Si] no haces eso, [y] sigues, terminas hasta que yo termine, cuatro años más. Tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los cuatro años seguidos para que trabajes”, ordenó, según el registro de voz.
Junto con ella, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, han sido acusados de recorte salarial, una práctica por la que a fines de agosto el excongresista Michael Urtecho fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel.
Hasta mediados de septiembre, Cordero Jon Tay había evadido tres veces una citación obligatoria a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que tiene a cargo la denuncia en su contra.
Los parlamentarios aprobaron el informe que pide su investigación por 7 votos a favor, 7 en contra y el voto dirimente de Bazán. La ley 31751 aprobada este año recortó la suspensión de la prescripción penal a un año para impedir que Soto cumpla una posible condena de ocho años y ocho meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación ilícita común.
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