
La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes el informe final que recomendó la suspensión por 120 días de la legisladora María Cordero Jon Tay, expulsada de Fuerza Popular e investigada por el delito de concusión ante el recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.
Con 13 votos, el grupo presidido por Diego Bazán (Avanza País) acordó, de igual modo, descontar sus remuneraciones por este período y remitir la copia del documento al Ministerio Público.
La decisión ocurre un mes después de que Punto Final revelara que la parlamentaria también exigía que sus trabajadores le compren joyas y cubran, de manera total, sus gastos durante la semana de representación en Tumbes.
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El economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, expuso una serie de audios y fotografías ante la negativa de la congresista de acudir a las citaciones en Ética y el Ministerio Público, que le abrió una investigación preliminar en abril pasado y la convirtió en la quinta legisladora procesada por presuntos cobros irregulares dentro de su despacho.
El propio partido fujimorista pidió que Cordero sea sancionada y retirada de todas las comisiones, anunció que seguiría adelante con un proceso de expulsión y pidió que sea destituida e inhabilitada durante diez años por corrupción.
El dominical también hizo público un nuevo audio donde se escucha a la parlamentaria deslizar represalias en caso fuera denunciara. “Tú haces un grito, alzas la voz, y sales inmediatamente. [Si] no haces eso, [y] sigues, terminas hasta que yo termine, cuatro años más. Tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los cuatro años seguidos para que trabajes”, ordenó, según el registro de voz.
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Junto con ella, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, han sido acusados de recorte salarial, una práctica por la que a fines de agosto el excongresista Michael Urtecho fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel.
Hasta mediados de septiembre, Cordero Jon Tay había evadido tres veces una citación obligatoria a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que tiene a cargo la denuncia en su contra.
Los parlamentarios aprobaron el informe que pide su investigación por 7 votos a favor, 7 en contra y el voto dirimente de Bazán. La ley 31751 aprobada este año recortó la suspensión de la prescripción penal a un año para impedir que Soto cumpla una posible condena de ocho años y ocho meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación ilícita común.
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