Presidenta de la ANP cuestiona al Gobierno por querer sancionar a los periodistas: “Es letal para la libertad de prensa”

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó ayer otorgar delegar facultades al Gobierno de Dina Boluarte para que pueda legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres ante el fenómeno del Niño global, meritocracia, infraestructura social y calidad de proyectos.

Sin embargo, dentro de la misma propuesta, se encuentra un apartado que apunta directamente contra los periodistas y la libertad de expresión. En concreto, se menciona que “la voluntad del Poder Ejecutivo es sancionar penalmente a quien exprese en medios de comunicación masivos, sea comunicador, político o funcionario público, el apoyo a una marcha”.

A pesar de que lo polémico, el grupo liderado por la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular) “concuerda con la pertinencia de la medida propuesta, debido a que en los últimos 12 meses ha habido marchas que han afectado a la propiedad privada y pública, causando zozobra en la población y afectando la imagen del país en el exterior”.

Por ello, añade que “con el fin de resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y evitar una delegación de facultades legislativas inconstitucional que pretenda modificar encubiertamente nuestra carta magna, se propone una modificación a la materia solicitada en el literal examinado, con el fin de señalar que los tipos penales que se creen sean sin afectar la libertad de expresión, del derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”.

Asedio permanente

A raíz de este punto, uno de los gremios que se pronunció ha sido la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP). Infobae Perú conversó con su presidenta Zuliana Lainez, quien calificó este tipo de medidas del Gobierno de Boluarte como “letal para la libertad de prensa”.

“Confirma que estamos ante un asedio permanente. Lo hemos dicho con claridad. Es el colofón más grave que pretende criminalizar la actividad periodística que hemos podido contabilizar en las más de 200 agresiones desde la Asociación Nacional de Periodistas en toda la cobertura de protestas”, anotó en diálogo con este medio de comunicación.

Lainez recordó que en marzo pasado también desde el Ministerio del Interior, a cargo de Vicente Romero, se quiso establecer un protocolo para cubrir las manifestaciones antigubernamentales y desde el Parlamento se trató de aumentar la pena para el delito de difamación que no era más que una mordaza para los periodistas.

Restringir la información

La presidenta de la ANP cuestionó que desde el Ejecutivo se promueva responsabilizar a los periodistas sobre los actos de violencia en protestas cuando no se sabe nunca a ciencia cierta qué podría pasar. Además, refirió sobre quién va ser la persona que tipifique la conducta de un hombre de prensa.

“Un periodista no puede saber si en una movilización habrá disturbios o no. Por eso, informamos sobre eso. Si esto se llega aprobar la modificatoria del Código Penal, los periodistas serían responsables de haber incitado a la violencia. ¿Quién lo va determinar? ¿Un juez o fiscal?”, se preguntó.

“Lo que va generar es una censura de muchos periodistas porque al ver que tenemos tipificado este tipo de delitos, por los menos van a tener miedo para realizar un determinado tipo de coberturas. Y esto lo que termina es vulnerando el derecho a la información a la ciudadanía”, agregó.

Para Lainez, el Gobierno de Boluarte ha encontrado en el Congreso a un aliado para atentar contra los medios de comunicación que se verían perjudicados en su labor informativa.

Casos en investigación

Finalmente, la dirigente de la ANP reveló que su organización está siguiendo de cerca los casos de dos medios regionales que están bajo investigación de las autoridades.

“Uno es radio Onda Azul de Puno que la Fiscalía de Prevención del Delito, en la cobertura de la tercera toma de Lima, les envió una comunicación para pedirles un listado de las personas que iban a entrevistar. ¿Desde cuándo un fiscal va pedir lístame a las personas entrevistadas? ¿Para censurar o decir que alguien no se puede entrevistar? Nosotros vivimos en un Estado Constitucional de Responsabilidades Ulteriores. Yo puedo entrevistar a quien quisiera. Si luego hay alguna responsabilidad por algún dicho de un entrevistado, pues tendrá que responder él y no yo como periodista”, dijo.

“El otro caso es Estación Wari de Ayacucho. Nosotros hemos tenido acceso a un reporte de inteligencia donde narran a quién han entrevistado, qué ha dicho ese entrevistado. ¿Qué hace Inteligencia haciéndole seguimiento a los medios regionales? ¿Qué se pretende? ¿Están armando expedientes para armar procesos contra estas radios. Eso es terrible”, agregó.

Lainez consideró que si la norma que afecta la libertad de expresión, que está dentro de la delegación de facultades, se aprueba de manera definitiva en el Pleno, el más perjudicado será el periodista local.

“A veces, concesiona un espacio en la radio o la televisión, no tiene todo un sistema mediático que luego puede sostener su defensa en caso ocurran casos donde te quieren expedientar en caso haya violencia (en las protestas). La situación es más difícil en las regiones. Creemos que esta norma no solo va impactarnos como periodistas, sino como ciudadanos que vamos haber afectado nuestro derecho a la información”, zanjó.