Zuliana Lainez cuestiona que protocolo para las protestas “está para restringir la actividad periodística”

Hace dos días, el Gobierno publicó un polémico “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”. Este documento fue trabajado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas.

Sin embargo, diversos gremios de la prensa cuestionaron el documento debido a que sería un intento por amordazar la labor informativa de los periodistas que van a las manifestaciones sociales que se realizan a diario desde diciembre cuando Dina Boluarte asumió las riendas del Poder Ejecutivo. Al respecto, Infobae conversó con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

¿Qué mensaje está tratando de brindar el Gobierno con este tipo de proyectos?

Bueno, para nosotros es un mensaje más para las graderías, ¿no? Porque al final hay una situación que no pueden negar, y es innegable desde todo punto de vista, es que desde el 7 de diciembre hasta hoy tenemos más de cien ataques contra periodistas durante las coberturas de las protestas sociales. Es una situación que está ahí porque se encuentra documentada. Incluso, están consignados cuales son los tipos de agresores. Desde el mes de enero, en la Asociación Nacional de Periodistas registramos 94 ataques contra periodistas. El 50% de los agentes agresores contra los colegas ese mes [enero] fueron efectivos policiales. Es decir, hay una realidad que es innegable, está ahí y que se les ha demandado que el Gobierno tome acciones para proteger a los periodistas.

Para Lainez, el protocolo difundido por el Ministerio del Interior “tiene una visión súper sesgada en la que pareciera que únicamente los manifestantes son los que nos agreden a los periodistas y no hay ninguna mención, o sea, ni siquiera asumen la posibilidad de que un efectivo policial pueda ser un agente agresor de un colega”.

“No mencionan para nada en el proyecto de protocolo a la Inspectoría de la Policía. Si este protocolo estuviera vigente, lo más probable es que los casos más graves como del fotoperiodista Aldair Mejía (Agencia Efe), quien sigue sin poder volver a su actividad periodística por impacto de proyectil y fue amenazado de muerte; o de Walter Hupiu, quien reveló que los efectivos policiales le dijeron que ‘le llegaban altamente que sea periodista’; o el de Paola Ugaz, quien el único error que cometió fue sacar su credencial de prensa y estuvo seis días de baja médica por el golpe que recibió en el tórax. Ninguno de estos casos estaría cubierto por el protocolo”, explicó.

La presidenta de la ANP consideró como grave que el protocolo sólo tiene unas lineas de cómo actuar si el agente agresor es un manifestante o cualquier otro actor que no sea un agente policial. “El protocolo, para nosotros, tiene una falla de origen porque no tiene un enfoque. Está para restringir la actividad periodística en lugar de ser un protocolo policial. Hay protocolos policiales para coberturas de protestas sociales en otros países. Colombia tiene un buen protocolo, México trabajó algo, Chile y Ecuador”, agregó.

Lainez recuerda que el texto que establece los lineamientos para cubrir las protestas en el Perú se hizo en casi un mes. “La primera reunión fue el 21 de enero para formular este documento y hoy ya hay un proyecto de protocolo. Todos los procesos que conozco, son de largo aliento. Consultan a gente en terreno, pero además a expertos que formulan este tipo de documentos”, mencionó.

“Lo que se debería hacer es dar lineamientos para que la Policía pueda asegurar y garantizar la seguridad y el ejercicio de la actividad periodística durante una protesta social. Un protocolo no te va parametrar a los periodistas. Al contrario, da lineamientos a la Policía para que los periodistas puedan ejercer su función”, agregó. Además, Lainez cuestionó una parte del documento en que señala que si el periodista sufre una agresión en una ubicación que un policía no le indicó, pues tendrá que asumir su propia responsabilidad.

¿Ustedes fueron convocados como asociación porque el protocolo menciona que el Colegio de Periodistas del Perú y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión participaron?

Sí. A ver, para esta reunión que la primera fue el 21 de enero, nosotros recibimos una invitación para participar. La recibió también el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana. En la ANP decidimos declinar a la posibilidad de reunirnos por una cosa puntual: es que para nosotros enero había sido el mes en que había la mayor cantidad de agresiones contra los periodistas y la responsabilidad era de un miembro de las fuerzas del orden.

Cuando se nos hace la convocatoria, se nos precisa que era para un protocolo para proteger a los periodistas de las agresiones de los manifestantes. Cuando no vimos que no había ninguna voluntad de asumir una realidad que desgraciadamente las fuerzas del orden también eran agentes agresores, sentimos que era imposible entablar un diálogo para hablar o formular un protocolo o con tener un instrumento para la gradería. No sentimos que con el actual ministro del Interior [Vicente Romero] haya condiciones para trabajar un protocolo cuando ellos ni siquiera han sacado un tuit rechazando las agresiones contra los periodistas.

Lainez reveló que el Consejo de la Prensa Peruana se retiró tras las primeras reuniones por una disposición que se pretendía incluir en un primer borrador del protocolo. “En la Policía planteaban, aunque lo lograron cambiar, que para que un periodista no se exponga a lesiones, le recomendaban no entrevistar a manifestantes. Iba haber en esa primera versión, de hecho, una situación de censura. Eso les pareció inaceptable porque afectaba la libertad de prensa y se fueron”, enfatiza.

La presidenta de la ANP informó que la Unesco entregó recomendaciones para este proyecto de protocolo, pero ninguna fue admitida. Estima que en los próximos días se manifiesten como la Defensoría del Pueblo que anunció que entregaron sus aportes para este documento, pero ninguna ha sido acogida. “Este texto lo está sacando el Ministerio del Interior sin siquiera tener el mínimo consenso con la contraparte”, anotó.

En otro momento, la también vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas mostró su sorpresa por la actitud del Colegio de Periodistas del Perú (CPP) que, en un primer momento, defendió el protocolo de las manifestaciones. Sin embargo, sacaron un nuevo comunicado para rechazarlo.

Lainez cuestionó que una de las partes del protocolo señala que este alcanzará solamente a los colegiados. “En nuestro pronunciamiento, de los 192 casos de ataques a periodistas que tenemos registrados desde el 7 de diciembre hasta hoy, ni siquiera el 5% está colegiado. O sea, el 95% quedaría fuera. Esta sola mención es inconstitucional porque es discriminatoria”, explicó. Añadió que los fotoperiodistas y los colegas que trabajan en medios independientes estarían marginados.

Además, insistió en que hay varios vacíos dentro de la norma y lo más recomendable sería que se archive.

Lainez mencionó que lo más probable es que exista una coordinación de los colectivos de la sociedad civil para visibilizar los riesgos que este protocolo para las protestas implicaría para el ejercicio del periodismo.

La presidenta Dina Boluarte tenía la disposición para firmar la Declaración de Chapultepec en diciembre del año pasado, pero hasta el momento no lo hace. ¿Este tipo de medidas del Ministerio del Interior de restringir la cobertura periodística de las protestas sociales denotan que este gobierno tiene intolerancia contra la libertad de expresión?

Viven en un mundo paralelo. Tú cuando le escuchas a la presidenta de la República siempre habla, en realidad todos los días y no adjetivando de ‘inmaculada’, con la prensa para resaltar el papel de las fuerzas del orden y la contribución que están dando al desarrollo del país. Es decir, hay cero autocrítica. Nosotros recordamos la otra vez en la oficina que en una de las primeras conferencias de prensa en diciembre, cuando de hecho habían casos de periodistas agredidos por manifestantes o actos vandálicos contra medios como Panamericana, mucho recordaron que [Dina] Boluarte salió a solidarizarse con los periodistas y estaba muy bien. Creo que cualquier afectación a la libertad de expresión o quien hace la labor informativo, un buen mensaje sería de quienes alta responsabilidad del gobierno condene inmediatamente estos casos.

Días después salieron todas las agresiones de las fuerzas del orden que resulta la más grave de la Aldair Mejía, pero ni una palabra. Si no quieren responsabilizar de manera directa a las fuerzas del orden, entonces al menos deberían rechazar y anunciar que van a investigar. Ni siquiera de manera declarativa. Pareciera que en su universo no existiera la posibilidad que un miembro o efectivo policial pudiera agredir a un colega. El Gobierno cree que la libertad de prensa es superar esas falencias que tenía el anterior que no hablaba con la prensa. Se cree que sólo dando declaraciones, ya se están respetando la libertad de prensa. La libertad de prensa es cuando un periodista tiene un entorno seguro para realizar su labor.

Compartir nota: