
La Fiscalía de la Nación dispuso citar para el 27 de setiembre a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al primer ministro Alberto Otárola para que brinden una nueva declaración en el marco de la investigación preliminar que se les sigue por las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año.
Boluarte tendrá responder desde las 9 de la mañana, mientras Otárola lo hará a las 2:30 de la tarde. Ambos son acusados de cometer los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.
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No serán las únicas autoridades del Ejecutivo que desfilarán por la sede del Ministerio Público en las próximas semanas. Un día antes lo hará el ministro del Interior, Vicente Romero, y el titular de la cartera de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tendrá que asistir el 21 de setiembre. Igualmente se ha requerido el testimonio de exministros como Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Eduardo Herrera. Todos los mencionados también son investigados como Boluarte y Otárola.
El llamado para que funcionarios y exfuncionarios del Gobierno rindan una nueva declaración ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se debe a que fue aceptado un pedido de la Procuraduría General del Estado para que 40 personas más sean testigos en el caso que salpica a la mandataria. Infobae Perú informó el último martes que esto se podrá realizar gracias a una disposición que Marco Huamán, fiscal adjunto supremo y coordinador de las denuncias constitucionales del Ministerio Público, firmó el 5 de setiembre.
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Sin embargo, hubo una serie de trabas en el camino para que se lograra tal decisión. El 22 de agosto, desde la Fiscalía informaron a la Procuraduría que solo iban a recoger el testimonio de 16, mientras que con los 24 restantes no era necesario porque “carecían de utilidad y pertinencia”. En este último grupo llama la atención porque aparecen los nombres de ex y actuales integrantes del gabinete del premier Otárola.
Así se puede destacar en la relación a los exministros Luis Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Nelly Paredes del Castillo (Desarrollo Agrario y Riego), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Rosa Gutiérrez (Salud).
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Además, se encontraban incluidos la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alex Contreras, titular de la cartera de Economía y Finanzas, y Julio Dermatini, de Desarrollo e Inclusión Social.
Tras este rechazo, desde la Procuraduría presentaron un nuevo escrito al Ministerio Público para mencionar que era necesario que se incluyan los testimonios de la lista de 24 personas en la investigación contra la presidenta Boluarte porque sostuvieron reuniones con ella en Palacio de Gobierno durante la ola de manifestaciones antigubernamentales que dejó como saldo más de 60 muertos. Es así que el 5 de setiembre, tras más de un mes, se acogió el pedido.
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“Lo que se busca es que respondan si tocaron las políticas de Estado o le informaron a la mandataria de las acciones que se estaban coordinando”, nos señaló la fuente de Infobae Perú respecto a la insistencia por tener las declaraciones de los exministros de Boluarte Zegarra.
Otros citados
Hay más personas que tendrán que presentarse ante la Fiscalía. Uno de ellos es Raúl Molina, quien se desempeñó como jefe del gabinete técnico de la Presidencia. El 2 de febrero pasado renunció a su cargo tras mostrarse en desacuerdo con la estrategia agresiva que el Ejecutivo había tomado para reprimir a los protestantes contra la mandataria.
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Adicionalmente, aparece Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP; Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la región policial Lima que ahora lidera la Dirección de Orden y Seguridad; Juan Maco Castro, jefe de ayudantía de la PNP; Johana Ibarra Silvestre, capitán PNP; Vicente Álvarez, jefe de Estado Mayor de la PNP; Antonio Cosco, asesor de Inspectoría de la PNP.
Por los militares están David Ojeda Parra, excomandante general del Ejército del Perú (EP); Víctor Huertas, general de brigada EP; Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea; y Rubén Layseca, jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
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