
El último 8 de septiembre, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en Sarratea y exfinancista del expresidente Pedro Castillo, fue detenido por la policía norteamericana en la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque inicialmente se esperaba que el Gobierno realice las diligencias respectivas para que se proceda con la expulsión del investigado por el caso Gabinete en las Sombras hacia el Perú, novedades respecto a la condición real pondrían en peligro su detención.
Inicialmente, se supo que Sánchez Sánchez había intentado ingresar infructuosamente a territorio estadounidense de manera ilegal, sin embargo, el hecho no se dio de esa manera. Según se supo, el empresario sí contaba con una visa que le permitía ingresar de manera legal a EE. UU., sin embargo, su cometido no se concretó, pues no contaba con el sello de lugar de origen, lo que originó su detención en manos de la policía fronteriza.
Para el abogado penalista Andy Carrión, este hecho es especial, pues en su caso “no es que el haya intentado burlar las autoridades migratorias, sino que él ingresó sin tener el sello del país del cual supuestamente habría partido. Él tiene la visa norteamericana, entonces eso le da cierta ventaja sobre los demás casos de ingreso irregulares”.
¿En qué afecta que Sánchez no tenga orden de captura internacional?
Como se sabe, otro aspecto que jugaría en favor del dueño de la casa del pasaje Sarratea es el hecho de que no cuente con una orden de búsqueda y captura por parte de la Interpol, que negó la emisión de la notificación hasta en dos oportunidades por considerar el caso “predominantemente político”.
Sobre este hecho, el experto en temas penales afirmó que “este era un detalle muy importante”. “La Interpol, a través de ese recurso, deja entrever que ahora es un perseguido político, y esto él lo puede validar en Estados Unidos, teniendo la visa, que es la manera de entrar de una manera legal al país”, consideró en sus declaraciones para Infobae Perú.
Carrión también asevera que la situación de Sánchez ya no la de un perseguido judicial y que se haya intentado fugar, pues “si uno fuga del país y encima tiene el calificativo de la Interpol de perseguido político, existen más posibilidades de que un país lo pueda acoger y que se someta a esta denominación de asilado”.
La opción de un asilo cada vez más posible
El experto considera también que, en el caso de Alejandro Sánchez Sánchez, “definitivamente habría una intención de acogerse a un pedido de asilo”. “Este puede ser hacia Estados unidos mediante un proceso administrativo en el que se quede en dicho país hasta que se resuelva su extradición, o bien a México, en donde podría activar un asilo político”, afirmó.
Esta no sería la primera vez que México ha mostrado su apoyo hacia el entorno del expresidente Pedro Castillo. Tras el autogolpe del 7 de diciembre, el exmandatario buscó llegar hacia la embajada de México a fin de evadir la justicia. Además, fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien otorgó las facilidades a la familia del exdignatario para que se proceda con su asilo y extradición a México.
A fin de cuentas, este proceso depende enteramente de las gestiones que realice la Cancillería, que es la encargada de actuar con la premura del caso, a fin de que se tramite una expulsión directamente hacia Perú, y no hacia México, como se estila formalmente en una situación como la que ha vivido Sánchez Sánchez en la frontera.

Para Carrión, “la expulsión que se da en este tipo de detenciones usualmente se procede respecto al país del cual ingresó. Que en este caso sería México. Ese creo que sería el principal escollo que se tiene en este caso. Ello depende ya también de las gestiones que hagan las propias autoridades peruanas para poder promover que su expulsión no sea a México, sino también al Perú”.
El especialista considera que existe dicha posibilidad, “pero no es la regla; la regla sería que sea expulsado al país del cual entró”.
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