El Sindicato de la Defensoría del Pueblo remitió un pronunciamiento a Josué Gutiérrez para solicitarle que reevalúe la reciente designación de la abogada Elizabeth Zea, quien formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en la pasada campaña electoral del 2021, como adjunta en Asuntos Constitucionales en reemplazo de Alberto Cruces.
“Le solicitamos que deje sin efecto las recientes modificatorias al clasificador de cargo y reevalúe la reciente incorporación de Elizabeth Zea Marquina como adjunta de Asuntos Constitucionales, en atención a lo señalado y a los diversos cuestionamientos públicos generados por sus conocidos vínculos con un partido político y comentarios contrarios a la posición histórica de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos fundamentales, así como por su falta de transparencia al no responder interrogantes de medios de comunicación sobre su experiencia laboral en el sector público”, señala el oficio.
En el mismo documento se cuestiona también a Gutiérrez Condor que su gestión haya dispuesto la reducción de requisitos para la ocupación de altos cargos dentro de la institución defensorial. A juicio del sindicato, esta decisión “contradice con su proclamada pretensión e interés de llevar a cabo una gestión en favor de los más vulnerables de nuestro país, en tanto reducen las posibilidades de seleccionar y reclutar al personal más calificado para atender las necesidades de este sector de la población”.
“Advertimos con preocupación que se ha adoptado como práctica habitual designar a profesionales en puestos de confianza de asesores/as y luego, encargarles la dirección de adjuntías, desnaturalizando lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Además, se han reducido los requisitos mínimos para acceder a estos puestos, lo que implica una inaceptable degradación de los altos estándares de calidad que la Defensoría del Pueblo ha establecido en correspondencia con su misión institucional”, agregan.
El sindicato de la Defensoría exhortó a Gutiérrez que para la designación de sus adjuntos convoque a concursos públicos con el fin de que los elegidos salgan de procesos meritocráticos que garanticen la mayor idoneidad en sus respectivas líneas de trabajo. Además, piden que brinde un mensaje claro en favor del respeto y el fortalecimiento de la institución que lidera desde junio pasado.
“Es indispensable que su administración restituya y mantenga los altos estándares de calidad en la selección del personal de la institución que hicieron posible su reconocimiento como una de las entidades estatales con mayor prestigio y legitimidad social”, recalcaron.
El pronunciamiento es firmado por Magali González Manco (secretaria general), Freddy Ccanto Torres (secretario de organización y asuntos interinstitucionales), Jorge Vega Fernández (secretario de defensa), Cecilia Ruiz Huayna (secretaria de asuntos económicos), Jaime Carranza Villar (secretario de problemática de trabajadores y contratados a plazo fijo) y Jessica Paredes López (secretario de comunicación y difusión).
Críticas
El pronunciamiento nace tras conocerse que Josué Gutiérrez dispuso rebajar los requisitos para los funcionarios que sean nombrados como adjuntos dentro de la Defensoría. Esto es que se solicitaba universidad completa, título profesional, experiencia general de ocho años, y, en específica: cinco años en cargos o funciones equivalentes a la posición en el sector público o privado y cuatro años en el Estado.
A raíz de esta situación, Infobae Perú pudo conocer que se ha dado una ola de renuncias. La primera en irse fue la adjunta por los Derechos de la Mujer, Carolina Garcés. Susana Silva, de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado, renunció la semana pasada.
Alicia Abanto, quien era la primera adjunta, también se fue en la misma fecha y en su reemplazo fue nombrada Rina Rodríguez, trabajadora de la Defensoría desde hace varios años. Igualmente, dimitió Matilde Cobeña, quien se desempeñaba como adjunta de Niños y Adolescentes.
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