El Fondo Editorial del Congreso, acusado de apología a Alberto Fujimori por la publicación de un texto escolar que tergiversa la historia y justifica el autogolpe de 1992, sigue tomado por Fuerza Popular gracias a un acuerdo de la Mesa Directiva del Parlamento, que lo dejó a cargo de la primera vicepresidencia, ocupada actualmente por el legislador Hernando Guerra García, integrante de la tienda naranja.
Con esa decisión, implementada el último jueves 10 de agosto, el órgano que “publica libros relacionados con la historia, la identidad y el escenario social y político del país” seguirá bajo la jefatura de Milagros Takayama, abogada y exparlamentaria de Fuerza Popular, conocida por propalar la falsa narrativa del fraude electoral promovido por Keiko Fujimori después de su tercera derrota en las urnas.
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El actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, ratificó estas designaciones el mismo mes en que enfrenta acusaciones por supuesta corrupción, que han dividido la tienda naranja por posturas a favor y en contra ante una eventual moción de censura.
Bajo la administración de Takayama, en julio, el Fondo Editorial publicó la ‘Constitución Política del Perú para Escolares’, un texto que, según la diputada Sigrid Bazán (Juntos por el Perú – Cambio Democrático), “hace apología al exdictador, condenado por corrupción y asesinato”.
A través de un oficio, Bazán requirió a Soto precisar cuántos ejemplares fueron impresos, cuál fue el costo de edición e impresión, y cuáles fueron las “referencias y hojas de vida del autor” de esta y otras dos publicaciones.
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Ruth Luque, integrante de la misma bancada, expuso que el texto dirigido a estudiantes también omitió “ciertos artículos” de la Constitución de 1993, referidos, por ejemplo, a la autonomía y las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, y sobre derechos políticos y deberes.
El 5 de abril de 1992, el octogenario recluido en Barbadillo compareció en la televisión para anunciar la disolución del Congreso bicameral y la “reorganización” del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Fiscalía.
Poco después, los tanques de la División Blindada salieron a las calles de Lima y rodearon el Congreso, el Palacio de Justicia y los principales edificios institucionales. Los militares, de igual modo, arrestaron a dirigentes opositores.
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La decisión ocurrió en un contexto político y social especialmente convulso, con las acciones violentas de Sendero Luminoso y la “guerra sucia” del aparato del Estado contra el movimiento guerrillero. El autogolpe fue mayoritariamente apoyado por la ciudadanía, que poco después ratificó en referéndum las reformas constitucionales propuestas por Fujimori, reelegido en 1995 y en 2000.
En este caso, el presidiario es investigado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves y consecuente pérdida de vidas, y violación a los derechos humanos. Sin embargo, para continuar con el juicio, debe haber una autorización de la Corte Suprema de Justicia de Chile, país que lo extraditó a Perú en 2007.
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