La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dejó sin efecto las tarjetas de propiedad de armas de dos policías detenidos el último miércoles por abrir fuego en un velorio de Comas.
La medida preliminar, que solo salpica a dos de los cuatro arrestados por cargos de peligro común y disparo indebido, fue anunciada por Teófilo Mariño, superintendente de este organismo adscrito al Ministerio del Interior.
La Sucamec constató en sus registros que los suboficiales implicados en el tiroteo cuentan con licencias para portar armas de uso civil, en la modalidad de defensa personal, las cuales fueron emitidas por la Policía Nacional (PNP).
El ente requirió a la Comandancia General de la PNP y al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito que emitan información sobre las características y series de estas armas, así como la identidad de quienes las dispararon.
Mariño precisó que, si bien los policías utilizan instrumentos que les confiere el Estado para cumplir con su función, también tienen la posibilidad de adquirir armas para uso particular, en la modalidad de defensa personal.
Anticipó, de igual modo, que la Sucamec solicitará a la PNP que proceda a suspender o cancelar las licencias de las armas de fuego, con lo cual los implicados no podrán portarlas más.
Previamente, la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General PNP dispuso que el grupo de efectivos sean suspendidos temporalmente y la Fiscalía Militar Policial abrió investigación preliminar.
Bajo la óptica de Stefano Miranda, experto de temas policiales, la institución debería apartar a Anthony Calderón, Harold Suárez, José Núñez y Ricardo Vargas Castro porque “han actuado como delincuentes y dañado toda la imagen institucional”.
En el recinto del jirón Lima, en la quinta zona de Collique, fueron hallados 14 casquillos de bala de aproximadamente nueve milímetros. El incidente ocurre en medio de los cuestionamientos contra la institución, acusada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de uso indebido de la fuerza en las protestas antigubernamentales.
En su último informe, el organismo condenó la violencia policial y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho. A raíz de las muertes, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Es la primera vez que Benavides se refiere a esta pesquisa por la cual su despacho solicitó, a fines de julio, información “clasificada” sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 60 fallecidos.
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