La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que “en cualquier momento” expondrá los resultados de la investigación preliminar abierta en enero pasado contra la presidenta Dina Boluarte, dos ministros y tres exministros por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
“Estamos yendo con fuerza. [...] Los elementos de convicción son los que van a hablar”, declaró en una entrevista difundida este domingo en Punto Final. Es la primera vez que Benavides se refiere a esta pesquisa por la cual su despacho solicitó, a fines de julio, información “clasificada” sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 60 fallecidos.
“Comprendo el dolor de los familiares de las víctimas. Por eso hemos dicho en mi gestión que las investigaciones deben ser céleres. Queremos descubrir la verdad. No se confundan los roles. El Ministerio Público tiene el rol de investigar y perseguir el delito”, señaló desde Ayacucho, donde su visita desencadenó el rechazo ciudadano y fue encarada por Ruth Bárcenas, presidenta de la Asociación de víctimas del 15 de diciembre.
“Las investigaciones son reservadas, pero estamos realizando todas las diligencias necesarias, indispensables, para recabar todos los elementos de convicción y comunicar a la población el resultado [de cara a una investigación preparatoria]”, matizó.
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La fiscal general evitó abordar el plagio académico cometido por la mandataria en su libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, escrito junto con otros siete autores en 2004 y cuyo contenido fue adulterado en un 55%, según denunció el mismo dominical.
Boluarte incluyó esta publicación en su curriculum vitae cuando se presentó en 2007 para asumir un cargo público en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero años más tarde lo eliminó de su trayectoria laboral.
El reportaje mostró que la herramienta digital Turnitin permitió obtener las fuentes originales del libro, tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que no fueron citados.
“No opino al respecto”, zanjó Benavides cuando fue interrogada sobre este caso, seguido por el magistrado Miguel Puicón, de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Durante el resto del diálogo, tampoco fue consultada sobre sus tesis no ubicadas hasta el momento ni sobre las investigaciones que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Solo se ciñó al proceso contra la gobernante, a quien interrogó en junio pasado.
“No puedo permitir que las investigaciones sean por años, más aún cuando hay vulneración de derechos humanos. Por eso hemos acortado los plazos para determinar y sancionar responsables”, siguió en referencia a la creación del equipo especial de fiscales avocado a los casos penales con víctimas durante las manifestaciones.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Benavides también ha incluido en esta investigación al primer ministro, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo; así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
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Las protestas estallaron tras el fallido autogolpe orquestado por Pedro Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente.
En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales”. Boluarte, en tanto, ha pedido perdón a los deudos en nombre del Estado.
“Declaro nuevamente y con mucho dolor que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. [...] Declaro que para mi gobierno no hubo vencedores ni vencidos, la democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo“, dijo en su mensaje por el día de la independencia.
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