Más detalles evidencian que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tenía pleno conocimiento de los planes operativos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaron para afrontar la primera ola de protestas que se dieron en diciembre del año pasado contra su gestión.
Según el diario La República, César Cervantes, quien ocupó el Ministerio del Interior a inicios de este régimen, informó ayer ante la Fiscalía que Boluarte Zegarra y el entonces premier Pedro Angulo habían sido informados de los 22 muertos que se registraron en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Junín.
El extitular del Mininter mencionó que todo lo que pasaba se lo hacía saber a la jefa de Estado y Angulo por teléfono y en persona en Palacio de Gobierno en aquellos días turbulentos tras la sucesión constitucional que se dio tras el fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
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Cervantes refirió que la política para afrontar las manifestaciones antigubernamentales vino de la propia jefa de Estado como corresponde de acuerdo a lo que señala la Constitución Política. Enfatizó que todo la estrategia fue realizada por el comando de la PNP en Lima, donde se definió que no se usarían armas no letales contra las personas que saldrían a las calles en la capital y las regiones del sur del país.
De otro lado, no quiso aclarar si tomó acciones ante el incremento sucesivo de fallecidos en los primeros días de marchas contra Boluarte cuando fue interrogado por los abogados de las víctimas de las protestas. De hecho, el excomandante general de la PNP agregó que solo se limitó a llamar a los comandos de las regiones para indagar las circunstancias en las que se dieron las lamentables perdidas humanas.
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Cervantes se apersonó a la sede del Ministerio Público porque está incluido en la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, entre otras autoridades, por la comisión de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de los muertos en las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año.
El testimonio del exministro del Interior resulta un aporte más para contradecir la tesis que Boluarte y abogado han deslizado en reiteradas ocasiones: la presidenta no tenía comando sobre las FF.AA. y la PNP.
“Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”, dijo la mandataria en una entrevista concedida al diario El Comercio el 7 de mayo pasado.
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Podrán preguntar
Ayer también se dio a conocer que la Fiscalía de la Nación había desistido en el recurso que bloqueaba la posibilidad a la Procuradoría General del Estado y a los abogados de las deudos de las víctimas de las protestas sociales hacerle preguntas a la presidenta Boluarte y el premier Otárola.
El desistimiento fue presentado el último lunes por el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, y sustentado este martes por la fiscal adjunta Silvia Sack Ramos en la audiencia pública.
Sack indicó que, en un inicio, se interpretó que las únicas partes autorizadas a intervenir en las declaraciones indagatorias en sede fiscal era el representante del Ministerio Público; sin embargo, señala, tuvo que haber prevalecido los derechos de la parte agraviada “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria”.
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El juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Suprema Penal Permanente, adelantó que iban aceptar el desistimiento de la Fiscalía, lo cual habilita a la Procuradoría y la defensa legal de los deudos de las protestas a interrogar a Boluarte y Otárola en la próxima diligencia fiscal que sean citados.
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