El conflicto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima tiene larga data y no parece que no encontrará un final en el corto plazo. Los peajes en las vías concesionadas se han venido recaudando casi con normalidad, pero a la vez le han causado un verdadero dolor de cabeza a las autoridades ediles a lo largo de cuatro gestiones. Aquí les presentamos la historia de este conflicto:
Susana Villarán firma contrato de concesión en 2013
Aunque se ha hablado mucho sobre el retiro de los peajes, es importante recordar el punto de inicio de la complicada relación municipal con Rutas de Lima. Todo empezó en el año 2013, durante la gestión de la recordada alcaldesa Susana Villarán, quien firmó el contrato de concesión por un plazo de 30 años con el consorcio Rutas de Lima por un compromiso de inversión de 49 millones de dólares.
Actualmente, Villarán cumple arresto domiciliario por estar involucrada directa o indirectamente en diversos delitos, entre ellos, el pago de coimas millonarias por parte de Odebrecht para favorecerlos con obras. Según la carpeta fiscal del caso, se han identificado al menos dos pagos relacionados a esta concesión que ascenderían al monto de $711,000 millones de dólares.
La gestión Villarán culminó y fue reemplazada en el sillón municipal por Luis Castañeda Lossio, quien eventualmente hizo ajustes a la naturaleza del contrato. Para el año 2016, ya se habían firmado dos contratos y cuatro adendas para las concesiones, documentos que no habrían contado con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La empresa aseguró más adelante que la norma vigente en aquellos días no exigía que el contrato pase por opinión del MEF ya que no involucraba recursos públicos o garantías por parte del Estado.
Lima pierde arbitraje contra Rutas de Lima
Jorge Muñoz llegó a la alcaldía en el año 2018 y uno de los primeros problemas con los que tuvo que lidiar fue justamente ese. Una situación insostenible que lo llevó a plantear un arbitraje para pedir la nulidad del contrato debido a casos de corrupción en los que se habrían incurrido durante la firma de este.
El burgomaestre llegó acompañado de funcionarios municipales hasta Miami y Washington D.C., donde finalmente el pedido fue desestimado por falta de pruebas y le costó a la ciudad S/ 230 millones de soles.
La gestión de Muñoz llegó a su fin tras su sorpresiva vacancia en 2022. Lo reemplazaría en el cargo el actual burgomaestre, Rafael López Aliaga, quien recibió, tal vez, la herencia más emblemática que ha pasado de mano en mano con cada gestión: el conflicto de nunca acabar con Rutas de Lima.
Un complicado panorama para la gestión López Aliaga
López Aliaga inició a fines del 2022 un tercer laudo arbitral y se ha enfrentado a Rutas de Lima tras los reclamos de la población. Hace poco anunció que el 29 de julio culminaría el contrato de concesión y aseguró que este “vulnera los derechos de los ciudadanos”.
En tal sentido, López Aliaga asegura que ha encontrado la fórmula para retirar los peajes a través de la figura de la caducidad, donde señalan algunas responsabilidades a Rutas de Lima, precisando que el contrato es nulo de nacimiento debido a los actos de corrupción.
La pregunta que muchos se hacen es si finalmente se podrá terminar con los problemas de los peajes de la discordia. La respuesta es incierta, pero se sabe que, debido a las cláusulas del contrato, no es posible proceder por la vía legal o penal ya que ninguna de estas estancias tienen competencia en este caso, por lo tanto, la decisión la tomará un Tribunal Arbitral que ya le ha negado a la ciudad el retiro de los peajes en dos pasiones.
Lo cierto es que el asunto ha acosado cual fantasma a diferentes gestiones ediles y, de no tener solución, podría seguir siendo un dilema para la ciudad hasta el fin del contrato.
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