La situación legal de la congresista Karol Paredes se agravaría más. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preparatoria contra la integrante de la bancada de Acción Popular por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Según el diario La República, la medida contra Paredes se ejecuta tras las declaraciones brindadas por Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y Onésimo Huamán Daza e Israel Gálvez García.
Ellos habrían señalado a la actual titular de la Comisión de Ética de haberle pedido al encarcelado exministro Geiner Alvarado para que disponga de una partida presupuestal con el fin de financiar un proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de saneamiento en el centro poblado de Lamas, en la región San Martín.
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La sospecha de esta solicitud se incrementa más a partir de la visita que Paredes habría hecho a Alvarado el 6 de agosto del 2021. En esta cita, ambos presuntamente acordaron la inclusión de dicho apoyo financiero dentro del decreto de urgencia N° 102-2021 que promulgó después el 29 de octubre del citado año.
Hay que recordar que la indagación del Ministerio Público contra la legisladora acciopopulista se enmarca dentro del caso llamado ‘Los Niños’ que salpica al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado y por presuntos actos de corrupción durante su gestión.
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No solo Paredes está involucrada en este asunto. Aparte de ella también se encuentran sus colegas de bancada, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Juan Carlos Celis, Darwin Espinoza e Ilich López, quienes inicialmente fueron acusados por la lobista Karelim López de realizar tratos con Castillo Terrones.
Los citados legisladores daban sus votos para bloquear cualquier moción de vacancia presentada contra el exmandatario en el Parlamento a cambio de lograr proyectos para sus pueblos y colocar funcionarios en los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Vivienda. Lo mismo hacían con las interpelaciones y las censuras a los ministros.
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Precisamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) elaboró un informe que recomendaba acusar y suspender a los congresistas Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza por haber cometido los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
A pesar de las evidencias, el Pleno archivó las acusaciones con los votos de Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú.
Una realidad diferente con los grupos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Renovación Popular que apostaron por sancionarlos.
Sin embargo, el escándalo alcanzó a más integrantes de la lampa como Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto. Todos ellos están en calidad de investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
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Mocha sueldos
Otro asunto que también salpica a Acción Popular es el presunto recorte de sueldos. En Acción Popular hay tres que fueron denunciados: José Arriola, Jorge Flores Ancachi e Hilda Portero.
El dominical Cuarto Poder reveló que Arriola le pedía donativos a sus trabajadores, pero con la salvedad de que usaba otro tipo de medidas para evitar cualquier cuestionamiento.
En el espacio de América Televisión se informó que el portavoz de Acción Popular le hacía firmar declaraciones juradas a sus colaboradores que certificaban que sus aportes eran de forma voluntaria y libre, sin coerción.
Por su parte, en el caso de Portero, se informó que pidió 200 sillas de ruedas para darlas en una iniciativa llamada “La ruta de la Solidaridad”. La adquisición en un local de venta de artículos de rehabilitación, ubicado en la av. Emancipación 374, cerca al Parlamento.
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Finalmente está el caso de Jorge Flores Ancachi, quien fue descubierto en un audio que reclamaba a sus colaboradores parte de su sueldo y advertía que se trataba de un acuerdo previsto antes de su llegada al Congreso. Se estima que el dinero retenido superaba los siete mil soles mensuales.
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