Con la entrega de credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori quedó oficialmente acreditada como presidenta constitucional del Perú para el periodo 2026-2031, dando inicio al proceso de transición hacia el nuevo gobierno. De acuerdo con especialistas, esta etapa representará una prueba para la institucionalidad del país por la forma en que se desarrolle la transferencia de gestión.
Para Leonor Suárez Ognio, politóloga y docente de la Maestría en Gerencia Pública de la Escuela de Posgrado Continental, el proceso formal de transferencia será insuficiente si no está acompañado de voluntad política. En ese sentido, sostuvo que el gobierno entrante deberá concentrarse en identificar los principales desafíos que enfrenta el país y evitar que este proceso se convierta en un espacio de crítica hacia la administración saliente.
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La especialista indicó que uno de los principales retos será garantizar una transferencia ordenada, transparente y orientada a conocer la situación real del Estado. Para lograrlo, señaló que la nueva jefa de Estado deberá evitar repetir los errores cometidos por gobiernos anteriores durante los procesos de cambio de gestión.
No empezar de cero
Suárez Ognio advirtió que uno de los errores recurrentes durante los cambios de gobierno ha sido descontinuar políticas, programas y proyectos únicamente para imprimirles un nuevo sello político. Según explicó, esta práctica afecta la continuidad del Estado y retrasa los avances alcanzados en sectores prioritarios.
Por ello, consideró que el nuevo gobierno deberá evaluar qué iniciativas vienen funcionando, cuáles requieren ajustes y qué funcionarios cuentan con la experiencia y las capacidades necesarias para permanecer en sus cargos.
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Asimismo, señaló que la transición debe servir para identificar los problemas prioritarios del país y facilitar una gestión orientada a atender esos desafíos desde el inicio del mandato.
Superar la desconfianza y promover acuerdos
La politóloga afirmó que la crisis política de los últimos años ha consolidado una relación marcada por la desconfianza entre los gobiernos salientes y las nuevas autoridades. Mientras las administraciones que dejan el poder temen una persecución judicial, los gobiernos entrantes suelen utilizar las fallas de sus antecesores como argumento de legitimación política.
De acuerdo con Suárez Ognio, esta dinámica ha debilitado la planificación de largo plazo. “Se gobierna al día, respondiendo a la encuesta de la semana o al escándalo mediático del momento”, señaló.
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Frente a este escenario, sostuvo que el próximo Ejecutivo deberá promover acuerdos sobre políticas de Estado en salud, educación, seguridad e infraestructura. Agregó que la estabilidad no dependerá únicamente de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también de la capacidad para construir consensos duraderos.
Los primeros 100 días serán clave
La especialista indicó que la relación con el Congreso, los medios de comunicación y los organismos del sistema de justicia será determinante durante los primeros meses del nuevo gobierno. En ese contexto, planteó una comunicación abierta, constante e inclusiva como herramienta para enfrentar la desinformación y reducir la polarización.
Asimismo, consideró necesario revisar el uso de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. A su juicio, esta figura debe ser reformada y vinculada a un verdadero juicio político, con debido proceso, derecho a la defensa, pruebas objetivas y una mayoría parlamentaria calificada.
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Finalmente, Suárez Ognio sostuvo que el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de recuperar la confianza ciudadana si prioriza la continuidad de las políticas eficaces, el respeto a las instituciones, la selección de funcionarios idóneos y la construcción de acuerdos de Estado. Añadió que la transición no debe limitarse a la entrega de documentos y oficinas, sino convertirse en el primer paso de una gestión enfocada en resolver los problemas del país.
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