Abogado de Patricia Benavides desliza respaldo a Zoraida Ávalos por inhabilitación: “Es, hasta cierto punto, extremo”

El constitucionalista Aníbal Quiroga deslizó este jueves un respaldo a la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, acusada e inhabilitaba por el Congreso tras su decisión de suspender la investigación preliminar por corrupción contra el expresidente Pedro Castillo.

El abogado de la fiscal de la Nación consideró que “ninguna autoridad podría ser sancionada por un tema de criterio”, en alusión al proceso que enfrenta la antecesora de Patricia Benavides.

“Aquí hay un tema en donde podría haber una exageración en la sanción. La Constitución señala que todas las sanciones deben ser razonables, proporcionales y debidamente justificadas. [Aquí se ha tomado] casi la más severa, que es [una inhabilitación por] diez [años]”, continuó.

La condición de inhabilitada impide a Ávalos recibir su sueldo, aunque título no ha sido cancelado, y la obliga a no ejercer otra actividad lucrativa que cubra sus gastos personales y la atención médica que necesite, según La República.

El letrado consideró que el caso puede ser llevado a ámbitos extranjeros, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con ciertas condiciones. “Primero debe ser revisado en sede interna. Por eso es que la Corte Suprema resolvió ‘no resolver’ y yo creo que con acierto, a pesar de que fue una votación ajustada”, agregó.

La titular del Ministerio Público inició la acción penal contra Imelda Tumialán, Humberto de la Haza y María Zavala, pese a que el mismo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, negó la eventual injerencia.

“Acá hay que ser claros: al presidente del Poder Judicial y al Poder Judicial no lo presiona nadie, no se deja presionar por nadie. Eso es lo que puedo responder”, aseguró Arévalo.

A la exfiscal general la investigó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso después de suspender, en enero del año pasado, las investigaciones contra Castillo por presuntos malos manejos en la licitación de obras de la entidad Provías, en una adjudicación de Petroperú y en los ascensos en las fuerzas armadas.

Añadió que esta denuncia “fomenta el quebrantamiento constitucional” y que la decisión que adopten “tendrá un impacto directo en los destinos de nuestro régimen democrático”.

A fines del año pasado, Castillo debía responder ante el Parlamento por los casos que abrió investigación Ávalos, pero anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de emergencia. Posteriormente, fue detenido por el presunto delito de rebelión.