En octubre de 2018, cuando Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica después de que la Corte Suprema anulara su indulto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró entre lágrimas que el fallo era un acto de “persecución y ensañamiento” de sus enemigos políticos.
“Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, dijo mientras su progenitor, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, permanecía internado.
Mauricio Fernandini, cuyo programa —’20 lucas’— había llegado a su fin hacía unos meses y participaba entonces como bailarín en ‘El gran show’, reaccionó a las declaraciones de la excandidata investigada por lavado de activos.
“Nunca admitió su derrota electoral. Se tumbó a todos los ministros que pudo. Gestó la vacancia de PPK. Ha blindado a [Pedro] Chávarry [exfiscal de la Nación destituido por tratar de interferir, desnaturalizar y bloquear la investigación contra Keiko Fujimori]. Y ahora nos dice llorando: ‘Basta de odios’. Se ve cercada”, consideró.
En la última línea de su tuit, Fernandini anotó un augurio: “Señora K, [apodo propagado a raíz unos audios que destaparon el mayor escándalo de corrupción en la judicatura], quien mal procede, mal acaba”.
Fernandini es sindicado como intermediario en el pago de los sobornos entre la empresaria Sada Goray y Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Viviend,a Geiner Alvarado. Lo detuvieron en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Lima.
Son una pieza clave para desentrañar la trama de Castillo, presunto líder de una red criminal, quien cumple 36 meses de prisión preliminar por este caso y otros 18 por cargos de rebelión y conspiración.
Para el Ministerio Público, la detención responde a un eventual peligro de fuga ant sus últimas movidas. Según un informe de Willax, Fernandini donó siete inmuebles a su hermana, Ana María Beratriz Arbulú, después de que se hiciera público el escándalo de corrupción en la administración de Castillo.
Y tampoco ha demostrado intención de reparar el daño a las entidades públicas que afectó con la negociación ilícita de la que habría sido partícipe. Le esperan más días de encierro.
En tanto, la jefa de Fuerza Popular afrontará ineludiblemente el pedido de 30 años de prisión que pesa en su contra. Se sentará en el banquillo para afrontar acusaciones por los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.
Hay 55 recursos judiciales en los que se solicita la exoneración de acusados, cuatro de los cuales fueron elevados por la defensa de la excandidata. Ninguno prosperó en primera instancia y ahora están en apelación.
“El caso Cócteles está más redondo que el de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Acá no hay duda de la ilegalidad del dinero que recibieron. Odebrecht ha confesado, Dionisio Romero ha reconocido los USD 3.6 millones que dio en efectivo y Rassmuss, hoy fallecido, reconoció los USD 7.6 millones que dio”, expuso un fiscal al semanario.
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