Luego de que distintos jueces supremos que forman parte de la Sala Plena de la Corte Suprema solicitaran evaluar la inhabilitación de Zoraida Ávalos y emitir un pronunciamiento, el tribunal de Justicia anunció que no lo harán.
Como se recuerda, con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 5432, que propone inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 159, inciso 4.
Ello, al presuntamente incumplir sus obligaciones inherentes al Ministerio Público al suspender las investigaciones los presuntos delitos cometidos por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, hasta que acabe su mandato.
El hecho fue considerado como un “atropello jurídico e institucional” por Ávalos, quien —a través de sus redes sociales— aseguró que apelará a las instancias correspondientes “hasta que prevalezca la verdad”.
La decisión adoptada por el Congreso también fue desaprobada por siete jueces supremos: César San Martín, Elvia Barrios, Janet Tello, Carlos Calderón, César Proaño, Ulises Yaya y Víctor Castillo, quienes expresaron su preocupación por la afectación a “la independencia y autonomía” del sistema judicial.
Frente a ello, solicitaron una convocatoria urgente, la cual se suspendió tras la ausencia de cinco magistrados, los cuales habían comunicado con antelación los motivos, como audiencias programadas, viajes, actividades académicas y descanso médico. Pese a que afirmaron que estarían en la próxima sesión, se acordó —por mayoría— mantener silencio.
José Williams reconoce Ávalos aplicó criterio jurídico
El aún presidente del Congreso, José Williams, admitió que la acción tomada contra la exfiscal de la Nación responde a un criterio jurídico, aunque sus facultades se limitan al control político. No obstante, indicó que el Legislativo está habilitado para denunciar “a cualquier fiscal que no ha cumplido lo que corresponde”.
A su turno, Ávalos acusó a la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, de haber hecho una campaña en su contra en el Parlamento para sacarla del organismo judicial, a cambio de archivar casos en la Fiscalía.
“No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.
En ese sentido, la ahora inhabilitada fiscal suprema sostuvo que ella representaba un “obstáculo” para Benavides ante la Junta de Fiscales Supremos y ahora buscaría colocar gente de su confianza y ser reelegida hasta el 2027.
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