El expresidente Pedro Castillo podría enfrentar una nueva denuncia constitucional debido al presunto uso irregular de las aeronaves de la Fuerza Aérea durante su administración, señaló este jueves el legislador Diego Bazán (Avanza País), presidente de la Comisión de Defensa del Congreso.
El grupo parlamentario concluyó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario, recluido por cargos de corrupción y rebelión, por emplear los aviones del Estado para ejecutar trámites “fuera de su función gubernamental” e incluso para “proteger a denunciados por corrupción”.
Sin embargo, mencionó que el hallazgo “más grave” es que también habrían sido destinadas “para trasladar a personas implicadas en investigaciones fiscales a las cuales se les imputa ser parte de una organización criminal” y “sustraerlos de la acción de la justicia”.
En la nómina de beneficiados, según el parlamentario, figura el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, sus sobrinos Fray Vásquez (actualmente prófugo) y Gianmarco Castillo, y su hija putativa Yenifer Paredes, sindicada por la Fiscalía como la encargada coordinar la adjudicación de obras públicas en la presunta red corrupta enquistada en el Gobierno.
En septiembre del año pasado, el Centro Líber difundió un documento que deslizaba la posibilidad de que Fray Vásquez haya fugado en el avión presidencial en medio de una orden de captura en su contra y una recompensa de 30 mil soles por su captura. Según el informe, en junio de 2022, Castillo solicitó un vuelo con dirección a Chiclayo, el mismo que partió del Grupo Aéreo N.º 8.
El portal adscrito al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también reveló que, desde que llegó al sillón presidencial, una serie de “familiares” acompañaron al exmandatario en actividades oficiales, pese a no ser servidores ni funcionarios del Estado. Un día después de asumir la Presidencia, por ejemplo, cuatro de sus sobrinos abordaron el avión de la FAP (C27J), asignado al Despacho Presidencial, con destino a Ayacucho.
Ese día, Castillo juramentó a su primer Gabinete Ministerial en esa región, con Guido Bellido como premier. Los familiares viajaron en calidad de “invitados”, junto a dos comitivas internacionales integradas por ministros de los países de Bolivia y Argentina.
En esos vuelos, que demandaron un costo de 18 mil soles al erario nacional, se embarcaron, además, el entonces jefe de campaña de Perú Libre, Richard Rojas, y Mauro Gonzáles, exintegrante del equipo de comunicaciones del mencionado partido.
Según la tesis fiscal, todos los mencionados integrarían una red criminal que operaba desde el Ejecutivo para adjudicar obras públicas en la cartera de Transportes y Comunicaciones a empresas favorecidas ilícitamente a cambio de sobornos.
El abogado Roberto Pereira dijo al Centro Líber que este panorama podría desatar consecuencias penales, pero, sobre todo, “complicaba la situación de Castillo, quien ha intentado desvincularse sin éxito de esta relación familiar”.
El exjefe de Estado pasa sus días en el penal de Barbadillo, donde también están presos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Alberto Fujimori (1990-2000).
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