Dina Boluarte: ¿por qué presuntos delitos declarará hoy ante la Fiscalía?

Dina Boluarte declarará esta mañana ante la Fiscalía. Luego de varias solicitudes de reprogramación, la presidenta de la República acudirá a la sede del Ministerio Público para brindar sus declaraciones por las muertes registradas en diciembre y enero en contra de su gobierno.

La citación se estableció en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los más de los 49 fallecidos que dejaron las movilizaciones sociales a inicios de su gobierno. A la abogada se le acusa de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Se pretende que Boluarte Zegarra ofrezca su versión sobre la respuesta violenta de parte de los agentes del Estado en regiones como Andahuaylas, Puno, Ayacucho y Cusco. Estas indagaciones también involucran a Alberto Otárola, titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y exministro de Defensa; Pedro Ángulo, expresidente de la PCM; Jorge Chávez, actual ministro de Defensa; y los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.

Hasta el momento, el fiscal Marco Huamán, funcionario nombrado por Patricia Benavides para encargarse de la investigación contra las autoridades del Poder Ejecutivo según el diario La República, también ha citado a los altos mandos policiales y militares.

La fiscal de la Nación comunicó en marzo la conformación de un equipo especial del Ministerio Público que esté dedicado a la investigación de las muertes ocurridas en estas movilizaciones sociales, pero el trabajo avanza lentamente y aún no hay muestras de que hayan resultados a largo plazo. Por el contrario, las fiscalías de las regiones afectadas como Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, a cargo de la fiscal Marena Mendoza Sánchez, tienen poca celeridad en las indagaciones.

Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional— se han pronunciado en contra del accionar de las fuerzas del orden en las protestas sociales por presuntamente haber disparado indiscriminadamente en contra de los manifestantes.

“En total, 49 personas fallecieron en el contexto de operaciones policiales y militares por hechos represivos [...] Amnistía Internacional documentó 25 casos de personas fallecidas que murieron durante las protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho, Juliaca y Lima. De los 25 casos, 20 contarían con los elementos que configuran una ejecución extrajudicial, ya sea por el tipo de munición utilizada, la zona de las lesiones, la aparente indefensión de las víctimas en el momento de la muerte y la mecánica de los hechos observada en videos e imágenes y relatada por testigos, entre otras”, detalla Amnistía.

De igual manera, la CIDH en su informe sobre la respuesta del Estado en las movilizaciones sociales en contra de Dina Boluarte detalla que el escenario ocurrido cumple con las característica suficientes para que sea calificado como una “masacre” y afirma que estas podrían considerar la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Pese a las denuncias hechas por estas instituciones internacionales en contra del gobierno, la mandataria niega su responsabilidad en el accionar de la PNP y del ejército. Boluarte descartó en el país se hayan registrado ejecuciones extrajudiciales o se haya producido una masacre, como afirmaron las entidades.

La presidenta también ha intentado deslindar de la respuesta de las autoridades. “Ellos [FF.AA. y PNP] tienen su propia ley pero también sus propios protocolos a quién obedecen a sus comandos nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas, pero no tengo comando. Los protocolos los deciden ellos”, dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

De igual manera, su abogado Joseph Campos ha enfatizado que no tiene “sentido” incluir a la funcionaria en un hecho donde supuestamente no tiene participación. “Es una responsabilidad jurídica que de ninguna manera va a alcanzar a la presidenta de la República. Una vez que se investigue esa situación corresponderá investigar otro tipo de responsabilidades que también rechazamos”, declaró.