Alejandro Salas, quien presidió los despachos de Trabajo y Cultura durante la administración de Pedro Castillo, sugirió este martes al expresidente acogerse a la confesión sincera ante el hallazgo del decreto que certificaba la disolución inconstitucional del Congreso y la convocatoria a elecciones en diciembre pasado.
La prueba, difundida en la víspera por Contracorriente, fue encontrada por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge después del fallido autogolpe.
Consideró que esta prueba, junto con los nueve chips prepago del operador Movistar, “marca un inicio” para “llegar a la absoluta verdad de quiénes lo indujeron o ayudaron” a orquestar la artimaña. Salas también explicó que no puede visitar al exmandatario, a quien defendía de manera tenaz, porque es un testigo de la investigación por rebelión y conspiración.
“Soy respetuoso de las normas procesales. La última vez que hablé con él fue después del mensaje para decirle que había cometido un delito. A mí me da mucha lástima la situación de Pedro Castillo, es un ser humano que yo lo he visto quebrarse por su familia. Me gustaría visitarlo para aconsejarle que se someta a la confesión sincera”, continuó.
En marzo pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratificó 36 meses de prisión preventiva impuestos a Castillo por presunta corrupción, que se suman a los otros 18 meses a raíz de su fracasada maniobra del 7 de diciembre.
En una entrevista con EFE, el premier Alberto Otárola lo responsabilizó de estas muertes y de dejar un país “con el 27,5% de la población en la pobreza”. Bajo su óptica, el “epíteto” de “asesino” proferido en su contra en estas marchas “debe ser dirigido al líder” de estos ciudadanos, en referencia a Castillo.
“Esta crisis institucional, esta ola de protestas que hemos controlado en este momento, se debe al llamado a la violencia y el apoyo de grupos radicales muy pequeños, pero muy fuertes, financiados con la minería ilegal y el narcotráfico”, apuntó.
Por su parte, la mandataria Dina Boluarte declaró este martes en la Fiscalía de la Nación sobre las muertes y, tres horas después, salió del edificio sin hacer declaraciones, dentro de una camioneta con resguardo policial.
En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal Patricia Benavides estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.
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