
Se acerca el juicio de Alejandro Toledo. Por decisión del Poder Judicial, el caso del expresidente, acusado de recibir coimas de la empresa Odebrecht, superó la fase de control formal de la acusación de la Fiscalía. Además, se rechazó el recurso presentado por la defensa legal de Toledo Manrique para archivar la acusación.
El caso seguirá su rumbo. El juez determinó que sí hay méritos para pasar a la etapa de juzgamiento y conocer su culpabilidad o no. Esta decisión fue tomada en la octava audiencia de control por el Caso Interoceánica Sur.
La investigación contra el exmandatario permanecía en la etapa de control de acusación, la cual sirve para evaluar que el caso realmente tenga motivos para pasar a un juicio oral. De lo contrario, este podría ser rechazado. Sin embargo, este lunes el juez confirmó que Alejandro Toledo superó esta fase.
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Durante esta etapa, la fiscalía también debe de corregir algunos errores en la acusación. Los representantes del Ministerio Público ya habían subsanado las observaciones que detalló el juez, pero el abogado del creador de Perú Posible presentó unas nuevas. No obstante, estas fueran evaluadas y rechazadas.

“Hemos dado por finalizado el control formal del requerimiento acusatorio, vamos a entrar en la siguiente subfase, que vendría a ser el control sustancial del requerimiento acusatorio. Esta fase tiene como objeto establecer el mérito del requerimiento acusatorio, si merece ser llevado a juicio oral o no la acusación formulada contra los investigados”, puntualizó el juez a cargo.
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Pero aún quedan algunos pendientes en este caso. Se han presentado recursos de coprocesados del exmandatarios que deben resolverse. Estas medidas buscan que se archiven las acusaciones y vienen de parte de Avraham Dan On, José Castillo Dibós, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco-Font y el recién capturado Fernando Camet.
El fiscal José Domingo Pérez pide 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente de la República por el Caso Interoceánica Sur.
El factor penal
La defensa legal de Alejandro Toledo advirtió que las acusaciones atribuidas a su patrocinado no constituyen un delito porque al exmandatario se le acusa de colusión y este no tiene competencia en el proceso de la concesión del proyecto Interoceánica, pues este le corresponde al Ministerio de Economía.
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Ante esta observación, el juez declaró improcedente la apelación de Roberto Su con el argumento de que no había “congruencia” entre la sustentación expuesta en la audiencia y mediante escrito. “Venir con un nuevo fundamento afectaría la igualdad de armas”, precisó.

Además, descartó lo señalado por el abogado de Toledo acerca de la carencia de caracter penal de la acusación del exmandatario. Para el operador de justicia, el exdocente universitario sí puede ser acusado de colusión por principio penal, pues “ese es un dato clave para establecer si este caso merece ser llevado o no a juicio oral”.
Por su parte, resaltó que las acusaciones interpuestas por la Fiscalía, que ascienden a ocho, sí tendrían “contenido penal” y constituirían un presunto delito de colusión “ya que Alejandro Toledo habría tenido una vinculación funcionalmente directa como presidente de la República en determinadas fases del proceso de contratación pública”.
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También especificó que el caso del exmandatario sí tiene connotación penal porque a él se le acusa de haber intervenido en su rol como titular del Poder Ejecutivo para que se actúe a favor de Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3.
Nueva captura
Este lunes fue detenido una de las piezas claves en la investigación de los involucrados en las presuntas coimas de Odebrecht. La empresa JJC Contratistas Generales fue una de las organizaciones socia de la constructora en Perú para la adjudicación de los tramos 2 y 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú – Brasil. El exgerente de esta asociación, Fernando Camet, fue capturado en España el pasado lunes.
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El peruano de 60 años tenía una orden de captura nacional e internacional de parte del juez Richard Concepción Carhuancho. El empresario permanece a la espera de los trámites correspondientes para iniciar el proceso de extradición.
“El ciudadano antes referido se encuentra puesto a disposición de la autoridad judicial competente de ese país para las diligencias de ley, por lo que se espera la remisión de la documentación para solicitar el formal pedido de extradición”, anunció la Interpol.
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