Pobreza y desigualdad en el Perú: ¿cómo ha sido la reducción de estos indicadores en las últimas dos décadas?

El Perú ha tenido una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad en el continente en los últimos 20 años, señala el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Este significativo avance responde al crecimiento inclusivo, el cual creó más oportunidades para los hogares de menores recursos y, a su vez, permitió que la clase media se consolidara como el sector social más importante por primera vez en la historia del país.

En detalle, se menciona que, entre el 2001 y el 2019, en el país se dio uno de los mayores incrementos del PBI por habitante en América Latina, lo que estuvo acompañado de significativas caídas de pobreza y desigualdad.

“Estas mejoras han ocurrido en todas las regiones del país. Incluso considerando el retroceso producto de la pandemia, 19 de las 24 regiones disminuyeron su pobreza a la mitad entre 2004 y 2021, acompañado de una clara reducción de la desigualdad”, precisó el IPE.

Se añade que un reciente estudio del Banco Mundial revela que el 85% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.

Aunque este avance social ha sido impulsado por diversas actividades, destaca el rol que ha tenido la minería.

“El enorme potencial minero es una de las más grandes oportunidades de desarrollo para el Perú. Esta actividad no solo ha permitido el surgimiento de otros sectores y la creación de empleos de calidad en las zonas de influencia, sino que también ha contribuido notablemente a las cuentas fiscales”, precisa el IPE.

En este aspecto, se precisa que los hogares ubicados en distritos productores de minerales tienen mayores niveles de consumo y menores probabilidades de caer en pobreza.

Un caso de ejemplo es Apurímac, donde se han observado los efectos de la entrada en operaciones de un proyecto de gran envergadura. “Con el inicio de Las Bambas en 2016, el PBI por habitante de Apurímac se multiplicó por 2.4 veces hasta alcanzar niveles cercanos al promedio nacional”, complementaron.

Sin embargo, se identifican frenos para este necesario avance. Así, aparecen la falta de capacidades técnicas en el Estado y los múltiples casos de corrupción de dominio público. Ambos factores han impedido que recursos generados por el crecimiento económico, especialmente en el caso del sector minería, puedan traducirse en mayores beneficios concretos para la ciudadanía. Y esta situación se ha agudizado por la fragilidad institucional producto del modelo de descentralización que se ha intentado en el Perú.

Desde el Banco Central de Reserva (BCR), han estimado que el desperdicio anual por el uso redundante o improductivo de los recursos públicos se encontraría entre S/11 mil millones y S/16 mil millones. Este monto es equivalente a la recaudación fiscal por minería en 2022 o el presupuesto público del gobierno nacional 2023 en educación.