
El asesinato de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta es uno de los crímenes más recordados de la dictadura de Alberto Fujimori. Desde inicios de los noventa se ha intentado dar con el paradero de sus restos y proceder con la identificación de los mismos y finalmente, más de tres décadas después, algunos familiares de las víctimas pudieron conocer qué restos pertenecían a sus seres queridos.
Cabe recordar que en 1995, los restos fueron enviados a Londres con la esperanza de que fueran examinadas en el London Hospital Medical College, pero terminaron en manos del Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham. Problemas en las coordinaciones ocasionaron que se pierda el rastro de los restos óseos encontrados y queden olvidados en la isla hasta que a mediados del 2022 los familiares de las víctimas dieron con su paradero.
El pasado 20 de febrero de 2023, la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Gloria Cano, declaró a Infobae que se desconocía si el laboratorio inglés había procedido con la identificación de cuerpos por lo que se esperaba que se hiciera lo propio a su llegada a Lima. El laboratorio del Instituto de Medicina Legal confirmó la identificación de al menos cuatro restos.

Los forenses indicaron a los familiares de las víctimas que el material recibido corresponde a quien fue Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano y Felipe Flores Chipana, quienes al momento de su muerte apenas tenían entre 21 y 25 años. Una publicación de La República señala que solo los restos de Flores Chipana fueron reconocidos en 1992, año en el que el Ministerio Público estaba bajo la dirección de la cuestionada Blanca Nélida Colán.
Robert Teodoro Espinoza (24), Juan Mariños Figueroa (32), Heráclides Pablo Meza (28), Armando Amaro Cóndor (25), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Dora Oyague Fierro (21), Felipe Flores Chipana (25), Bertila Lozano Torres (21), Marcelino Rosales Cárdenas y al profesor Hugo Muñoz Sánchez (47) son los nombres de quienes fueron asesinados a manos del Grupo Colina bajo las órdenes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Búsqueda continúa
Hasta el momento solo se ha logrado identificar genéticamente a seis de las 10 víctimas de la masacre. Además de los mencionados, se logró identifica a Enrique Ortiz Perea, cuyo cuerpo fue encontrado en 1993 en Huachipa. Su hermana, la exministra de Cultura Gisela Ortiz, recuerda que el cuerpo de su ser querido fue encontrado envuelto con dos sacos. “Nos faltan cuatro. El Estado debe continuar con la búsqueda”, dijo Ortiz.

Tras el hallazgo del fragmente de un codo en Cieneguilla, se decidió poner en marcha un cateo, pero la falta de presupuesto han detenido los trabajos. Desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia se ha previsto financiar tres de las siete semanas que se espera duren las diligencias. Hasta el momento no se ha confirmado sobre la financiación del resto del proceso.
La República indica que de no contar con dichos fondos no se podrán continuar con las labores ni entregar los restos de las víctimas ya identificadas. La sepultura de estos tendrá que ser pospuesta hasta que las autoridades logren culminar con sus tarea. Mientras tanto, los familiares de la víctimas prolongan su dolor al mismo tiempo que se espera dar con los restos de Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Mariños y el profesor Hugo Muñoz.
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