La fiscal de la nación, Patricia Benavides, se encuentra dilatando más la investigación preliminar que se sigue contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad por las 60 muertes ocurridas durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado tras asumir el poder.
Según el diario La República, el despacho de la titular del Ministerio Público ha presentado una apelación contra la decisión del juez Juan Carlos Checley, quien dispuso que la Procuradoría General del Estado y la defensa legal de las víctimas de las manifestaciones estén presentes cuando se interrogue a Boluarte Zegarra.
“Con fecha 14 de marzo de 2023, este despacho fiscal presentó recurso de apelación contra lo resuelto por citada judicatura, el mismo que, a la fecha, se encuentra pendiente de resolver (el recurso de apelación)”, anuncia dicho documento.
En esa línea, la Fiscalía de la Nación ha decidido “programar las declaraciones indagatorias de los investigados en la presente carpeta fiscal, (una vez que sea) resuelto el recurso de apelación interpuesto por este despacho fiscal contra la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos”, hasta que resuelva este pedido.
La apelación de la Fiscalía será resuelta por Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
La controversia
La Procuradoría General del Estado había presentado una tutela de derechos ante el Poder Judicial para estar en los interrogatorios contra la presidenta Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros exministros en el marco de la investigación por las muertes de las protestas.
El 15 de marzo pasado, el juez Juan Carlos Checley emitió una resolución en la que señala que Procuradoría y la defensa legal de las víctimas de las protestas sociales podrán hacerle preguntas a Boluarte y Otárola. Eso concluía que los abogados de los investigados y el Ministerio Público no serán los únicos en tener cuestionamientos durante la diligencia.
El magistrado Checley había mencionado en su anterior resolución que en el artículo 8 inciso 3 se enuncia a las partes habilitadas para interpelar al imputado, en referencia a Boluarte Zegarra y Otárola Peñaranda: el fiscal y el abogado defensor. La disposición favorecía a la jefa de Estado y su más cercano colaborador en el Poder Ejecutivo en este caso que ha estado lleno de retrasos.
Citaciones
Hay que recordar que la mandataria acudió al llamado de la Fiscal de la Nación tras haber presentado dos reprogramaciones.
En enero Boluarte había sido citada por primera vez, pero no asistió porque tenía una agenda de actividades. Luego, la segunda ocasión se iba a dar el jueves 23 de marzo; sin embargo, volvió a argumentar que no podía ir al Ministerio Público debido a las violentas protestas en el Centro de Lima era riesgoso para su seguridad acudir a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay.
Tras las diligencias frustradas, la presidenta Boluarte solicitó que su declaración sea virtual o tomada en su despacho en Palacio de Gobierno. Estas condiciones fueron respaldadas por el primer ministro Otárola y el titular de la cartera de Justicia, José Tello.
“Todos los peruanos debemos defender aquello que se llama la institucionalidad de la Presidencia de la República, que está tan venida a menos con el uso indigno de esta alta majestad del Estado”, dijo Otárola en una actividad por el aniversario de la Contraloría General de la República.
“No es que no quiera ir a Fiscalía. Ella (Boluarte) está dispuesta a declarar de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión; y, repito, hay que volverle a dar a la figura del presidente de la República ese talante de respeto que tanto se ha perdido”, agregó Tello en diálogo con Canal N.
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