Las críticas a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), programa iniciado en el 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se incrementaron en las últimas semanas tras los efectos del ciclón Yaku.
Las fuertes precipitaciones, huaicos, inundaciones, entre otros desastres naturales, evidenciaron la falta de prevención a lo largo del territorio nacional. Amalia Moreno, exdirectora ejecutiva de la ARCC, comentó que este factor “no era una prioridad” durante el desarrollo del proyecto.
En este marco, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para cesar con las funciones de la ARCC y, tras derivar las obras pendientes a los niveles de gobierno correspondientes, crear un ministerio que centralice la ejecución de los mismos.
“La ARCC ya no cumple con un objeto de continuar laborando, puesto que además de encontrarse reorganización, a decir de su propia autoridad, se va a requerir nuevos esfuerzos de entidades para realizar una reconstrucción de las zonas afectadas por el ciclón Yaku”, se lee en el texto.
La medida fue planteada por la congresista María Acuña y cuenta con el respaldo de sus colegas Elva Julón, Alejandro Soto, Roberto Chiabra, Magaly Ruiz e Idelso García.
El Contralor General, Nelson Shack, ya había sugerido la implementación de un nuevo ministerio -hace unas semanas- tras un proceso de control a la ARCC; al interior de la entidad se hallaron a 845 funcionarios a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, con 1982 responsabilidades: 715 penales, 206 civil y 1061 administrativas.
“Hay más de 9 mil obras en ejecución y 5 mil ya se han terminado. Lo que no se ha hecho es la solución de los problemas integrales en el manejo de las cuencas, en eso prácticamente no se ha avanzado nada, como las defensas ribereñas, las represas, la reforestación, entre otros”, indicó Shack.
Pese a que el proyecto de APP sostiene que “no se generará ningún costo al erario nacional (…) al disolver un organismo burocrático”, la iniciativa genera cuestionamientos al pretender concentrar, en una sola entidad, a las instancias ejecutoras de los distintos ministerios (Educación, Salud, entre otros).
“Con el fin de evitar que cada sector realice sus propias convocatorias, mantenga su propio personal y realice gastos que podrían optimizarse con un solo gran ejecutor (...) La Presidencia de la República debe impulsar un proyecto donde se centralice todas los organismos ejecutores de los ministerios como Educación Salud, Vivienda, Transportes y otros en un gran Ministerio de Infraestructura. Este podría ser mejor controlado por la Contraloría General de la República ”, puntualizan.
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