Dina Boluarte y Alberto Otárola no serán interrogados por la Procuraduría ni abogados de las víctimas de las protestas

A pesar de que el Poder Judicial dispuso que la Procuradoría General del Estado participe del interrogatorio que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le hará a la presidenta de la república, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, en el marco de la investigación por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas sociales, un dato pasó desapercibido.

Según el diario La República, en el fallo del juez Juan Carlos Checley se indica que la mandataria y su jefe de gabinete sólo podrán recibir preguntas de sus propios abogados y el Ministerio Público. Es decir, el representante de la procuradoría que esté presente y la defensa legal de los deudos de las víctimas sólo tendrán que mirar y escuchar la diligencia porque no podrán participar.

El magistrado especificó en su resolución que en el artículo 8 inciso 3 se enuncia a las partes habilitadas para interpelar al imputado, en referencia a Boluarte Zegarra y Otárola Peñaranda: el fiscal y el abogado defensor. La disposición favorece a la jefa de Estado y su más cercano colaborador en el Poder Ejecutivo en este caso que ha estado lleno de retrasos.

El último martes, la presidenta acudió minutos antes de las 9 de la mañana para declarar ante el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor Pedro Castillo, quien caminaba ante la mencionada entidad pública para responder las preguntas de la fiscal Patricia Benavides por los presuntos actos de corrupción de esa gestión, Boluarte prefirió un auto y con grandes medidas de seguridad.

Hay que recordar que la mandataria acudía al llamado de la Fiscal de la Nación tras haber presentado dos reprogramaciones.

En enero Boluarte había sido citada por primera vez, pero no asistió porque tenía una agenda de actividades. Luego, la segunda ocasión se iba a dar el jueves 23 de marzo; sin embargo, volvió a argumentar que no podía ir al Ministerio Público debido a las violentas protestas en el Centro de Lima era riesgoso para su seguridad acudir a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay.

Tras las diligencias frustradas, la presidenta Boluarte solicitó que su declaración sea virtual o tomada en su despacho en Palacio de Gobierno. Estas condiciones fueron respaldadas por el primer ministro Otárola y el titular de la cartera de Justicia, José Tello.

“Todos los peruanos debemos defender aquello que se llama la institucionalidad de la Presidencia de la República, que está tan venida a menos con el uso indigno de esta alta majestad del Estado”, dijo Otárola en una actividad por el aniversario de la Contraloría General de la República.

“No es que no quiera ir a Fiscalía. Ella (Boluarte) está dispuesta a declarar de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión; y, repito, hay que volverle a dar a la figura del presidente de la República ese talante de respeto que tanto se ha perdido”, agregó Tello en diálogo con Canal N.

Excusas absurdas

Expertos consultados por Infobae cuestionan la actitud de la presidenta Boluarte al compararla con Pedro Castillo, quien utilizaba toda clase de excusa para colaborar con las indagaciones fiscales.

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia calificó como “lamentable” el comportamiento de la jefa de Estado al reprogramar hasta en tres ocasiones su declaración ante la Fiscalía.

Por su parte, la exprocuradora Katherine Ampuero recordó que desde el Gobierno iban a colaborar con la Fiscalía. “Se iban a diferenciar del gobierno de Pedro Castillo. Él también decía que mostraría su predisposición ante el Ministerio Público. Recalcaban que eran ‘transparentes’ y que no tenían nada que temer. Sin embargo, no es así”, argumentó.

En tanto, el exfiscal Víctor Cubas cuestionó a la fiscal Benavides por cómo maneja el caso de la presidenta Boluarte. “En realidad, no creo que sea un desconocimiento [por parte de la fiscal Patricia Benavides], sino que quedaría la otra posibilidad que es un acto de favorecimiento y, en consecuencia, de parcialización indebida que lesiona el debido proceso”, dijo.