Expertos de Naciones Unidas piden el cese de la violencia en las protestas sociales en el Perú

La grave crisis social en el Perú sigue de cerca por la comunidad internacional. Ahora, un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento para solicitar que cese el clima de extrema violencia que se observa en el país desde que Dina Boluarte asumió las riendas del Poder Ejecutivo tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.

“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, inicia el comunicado de los funcionarios de la ONU. En esa línea, dieron cuenta que recibieron varias denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones, y desapariciones forzadas.

“En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma”, agregaron.

Además, el comité de expertos de Naciones Unidas resaltaron que “una detención inicialmente legal puede desembocar en una desaparición forzada si las autoridades encargadas de la detención no reconocen que una persona está detenida o no proporcionan información sobre su suerte o paradero, independientemente de la duración de la privación de libertad o de la ocultación de información”.

“Es importante proporcionar información a las víctimas y a sus familiares sobre los avances en las investigaciones”, acotaron.

Adicionalmente, alertaron sobre los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las protestas. Indicaron que los hombres de prensa no sólo eran atacados, en ocasiones, por los manifestantes, sino también por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por ello, los expertos de la ONU exhortaron al Gobierno que adopte medidas con el fin de proteger a los periodistas al momento de realizar su trabajo. Además, reiteraron que el Estado peruano tiene la obligación de investigar de forma exhaustiva, rápida, efectiva, imparcial e independiente sobre las presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas.

Las presuntas muertes ilegales deben investigarse en cumplimiento de la Versión Revisada del Manual de la ONU para la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilegales (2016).

“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”, señalaron.

Finalmente, los expertos de Naciones Unidas anotaron que observan una estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica como terroristas, y el consiguiente procesamiento judicial de las personas con cargos relacionados con el terrorismo. Agregaron que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas han sido más afectadas.

El comunicado es firmado por Clément N. Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Aua Baldé (presidenta-relatora); Gabriella Citroni (vicepresidenta), Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska, Luciano Hazan, grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

Además están Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo (presidenta-relatora), Mumba Malila (vicepresidente); Ganna Yudkiviska, Priya Golapan, Matthew Gillett, grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; e Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y expresión.

Según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo, hay 48 manifestantes y un agente del orden, mientras que 1301 personas han resultado heridas desde que estallaron las protestas en diciembre del año pasado.