Mayoría de decisiones del Consejo de Ministros prioriza medidas restrictivas ante protestas en el país

La más recurrente fue declarar el Estado de Emergencia en varias regiones para buscar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional recuperen el control frente al bloqueo de las carreteras, el destrozo de la propiedad pública y la toma de los aeropuertos.

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Consejo de Ministros extraordinario se
Consejo de Ministros extraordinario se realizará hoy para evaluar proyectos de Dina Boluarte

En las sesiones del Consejo de Ministros, que se realizan usualmente los miércoles en Palacio de Gobierno, abordan con mayor prioridad medidas contra las manifestaciones sociales que se dan en Lima y regiones del sur del país contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, desde diciembre del año pasado.

Según un análisis del diario El Comercio de las actas de las reuniones que el gabinete de Alberto Otárola sostiene con la mandataria, alrededor de 17 medidas se tomaron para contener las movilizaciones. La más recurrente resulta ser la declaratoria del Estado de Emergencia o la inmovilización social obligatoria (9 normas) con el fin de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional restablezcan el orden público.

En segundo lugar, son las disposiciones en base a los informes sobre la situación de distintas zonas del territorio nacional (5). Luego, la instalación o búsqueda de diálogo por parte de los ministros de Estado con las organizaciones sociales (2) y la visita correspondiente a los puntos críticos que están así por el bloqueo de las carreteras.

Otros asuntos que también abarcaron la agenda de los ministros con Boluarte Zegarra se destacan asuntos relacionados a las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Energía y Minas y Salud.

Un manifestante antigubernamental y policías
Un manifestante antigubernamental y policías antidisturbios se enfrentan durante una movilización en Lima, Perú, el jueves 19 de enero de 2023. (AP Foto/Martin Mejia)

Estado de Emergencia en Lima

Recordemos que el pasado 14 de febrero, el Gobierno dispuso prorrogar el Estado de Emergencia por 30 días calendario en Lima, , en la Provincia Constitucional del Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y corredor vial Interoceánica Sur.

Con ello, la Policía Nacional del Perú es la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, precisa el Decreto Supremo 022-2023-PCM, publicado en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Esta medida se tomó a propósito de las recientes manifestaciones en distintas regiones del país.

Según el artículo 166 de la Constitución Política, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno.

Durante la prórroga se aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política sobre restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio (excepto en las carreteras de la Red Vial Nacional antes mencionadas), libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución.

El gobierno de Dina Boluarte
El gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en Lima y otras regiones por las protestas.

La intervención de la PNP y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE.

Informe de acciones y resultados

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia prorrogado, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones ejecutadas durante la vigencia de la medida y los resultados obtenidos.

La implementación de las acciones previstas en el decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto supremo lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte y es refrendado por el jefe del Gabinete Ministerial y los titulares del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

Mediante el Decreto Supremo 009-2023-PCM se declaró por 30 días calendario, a partir del 15 de enero del 2023, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas (Apurímac), en las provincias de Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), y en el distrito de Torata (Moquegua).

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