Proyecto de ley busca regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no solo han recrudecido la crisis política en el Perú sino que mostraron, una vez más, el incumplimiento de protocolos por parte de la Policía Nacional del Perú al momento de controlar las manifestaciones. Frente a este escenario, el congresista Alfredo Azurín ha presentado un proyecto de ley que tiene como fin regular el uso de fuerza por parte de miembros de la institución.

Al igual que en los manuales de la PNP, la iniciativa recalca que “la fuerza debe usarse de manera progresiva, diferenciada” y se pretende añadir la especificación de “con criterio de razonabilidad subjetiva”. El texto señala que tras haberse identificado, el efectivo de la policía “individualiza” a la persona a intervenir y “da una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta”.

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La iniciativa de Azurín especifica que se “puede usar la fuerza con criterio de razonabilidad subjetiva (...) en las siguentes circunstancias”:

-Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley

-Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes

-Prevenir la comisión de delitos y faltas

-Proteger o defender bienes jurídicos tutelados

-Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad

-Cuando una o más personas emplean amenaza o violencia física o psicológica contra el personal de la Policía Nacional del Perú

El uso excepcional de la fuerza letal responde también al llamado “criterio de razonabilidad subjetiva”. Esta, según el texto, constituye un canon de comportamiento del personal policial ante las situaciones de amenaza o riesgo antes descritas; donde sólo será suficiente su honesta percepción o creencia que la amenaza o riesgo se materializará para poder utilizar la fuerza o su arma de fuego”. Es decir, queda a criterio de los efectivos cómo actuar.

Este tipo de razonamiento involucra a los momentos en que el policía crea conveniente usar un arma de fuego. Los casos señalados son cinco entre los que resalta la seria amenaza para la vida, cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida (...), cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción violenta de una persona o de quien participa de una reunión tumultuaria violenta”.

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Registro gráfico

Durante las marchas desarrolladas en Lima se registró la muerte de Víctor Santisteban, un hombre de 55 años que habría muerto a manos de la PNP. Los registros audiovisuales de aquel día muestran el preciso instante que un efectivo dispara un gas lacrimógeno y segundos después la víctima cae en el piso. El hecho habría ocurrido a pocos metros entre víctima y asesino, incumpliendo lo señalado en el protocolo de la Policía.

En medio de la persecusión se ven destellos producidos por lo que se presume es un proyectil de bombas lacrimógenas. En menos de un segundo, al otro lado de la calle, un cuerpo se desvanece y provoca la caída de otra persona mas. Consternados por lo ocurrido, quienes estaban a su alrededor se apresuran para socorrerlo mientras otros patea el proyectil que aún no despedía el gas.

Horas después de lo ocurrido surgieron contradicciones sobre la muerte de Santisteban promovidas principalmente por instituciones como el Ministerio del Interior y Essalud. Este último informó que ue el fallecido llegó “policontuso” con un “traumatismo encéfalo craneano grave”, luego publicó un nuevo comunicado donde indicó que llegó con una “herida contuso cortante”, “mal estado general” y “trastorno de conciencia”. Lo mismo sucedió desde el Ministerio del Interior.

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