La administración de Dina Boluarte prorrogó nuevamente la vigencia del toque de queda en Puno, región que seguirá bajo esa medida por otros diez días calendario. La inmovilización obligatoria regirá a partir del miércoles 25 de enero, desde las 20:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente.
La iniciativa, descrita en el Decreto Supremo 009-2023-PCM, es una réplica a la escalada en la conflictividad entre manifestantes y policías. Es la segunda vez que el Ejecutivo extiende el toque de queda, tras un anuncio similar emitido el pasado 15 de enero.
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La semana pasada, manifestantes prendieron fuego a una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y a un puesto de migraciones en Yunguyo, localidad situada a un par de kilómetros de Bolivia.
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Además, incendiaron las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y de la Policía Nacional, y en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Desaguadero.
Boluarte culpa a radicales
En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP), la presidenta Dina Boluarte reiteró su apoyo a la Policía (PNP) en su actuación para controlar las protestas, atribuyó “el caos” que han provocado estas a “grupos radicales” y pidió una tregua nacional.
“Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen como agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, declaró la mandataria.
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Ratificó que las principales protestas se han ubicado en Puno, “donde hay minería ilegal y contrabando”, y en Apurímac, también en el sur, “donde está el Vraem, cerca de donde sale el tráfico de cocaína”.
En la cita con los medios, una de sus expresiones sobre Puno fue bastante criticada en redes sociales por diversas personalidades políticas y organizaciones, al punto que la presidencia de la República tuvo que hacer una aclaración.
Horas después, el Ejecutivo indicó que, de haberse malinterpretado, “nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, precisan.
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En las marchas que piden su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente han fallecido 62 personas, entre víctimas directas de enfrentamientos, un policía y muertes en el marco de las protestas.
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