
El Cuerpo de Bomberos mantendrá las certificaciones eléctricas, pruebas de hermeticidad e informes de inspección., aunque busca que organismos de inspección acreditados colaboren en las revisiones de seguridad de los edificios.
La iniciativa no transfiere la facultad de emitir los avales finales, según aclaró el director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Raúl Álvarez.
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Los bomberos, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), desempeñan un papel crucial de verificación, certificación y prevención, aunque no siempre de ejecución directa de las pruebas ni de las obras técnicas.
En los últimos años, este sistema se ha visto tensionado por factores económicos, por la complejidad técnica de las instalaciones verticales y por la persistencia de intervenciones informales, lo que explica tanto la insistencia institucional en campañas de prevención como el aumento del escrutinio mediático ante varios casos sucedidos.
La ciudad de Panamá ha experimentado en las últimas décadas un proceso acelerado de verticalización, con un aumento significativo de propiedades horizontales de varios pisos que combinan uso residencial, comercial y en algunos casos institucional.
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Este crecimiento en altura y densidad incrementa la complejidad de los sistemas de servicios básicos, como gas y electricidad, que ya no se limitan a instalaciones unifamiliares simples, sino que se articulan en redes compartidas que atraviesan múltiples apartamentos, locales y áreas comunes.
En edificios de este tipo, una fuga de gas o una falla eléctrica deja de ser un problema aislado para convertirse en un riesgo potencial sistémico, capaz de afectar a decenas de unidades, comprometer la estructura del inmueble y generar emergencias que requieren la intervención coordinada de bomberos, empresas proveedoras de servicios y autoridades judiciales
El viceministro de Gobierno y presidente del Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Juan Francisco Borrell, presentó la propuesta ante representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
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La medida tiene como objetivo acelerar los trámites vinculados con las condiciones de seguridad, sin modificar el control que ejerce la institución sobre los resultados.
Quienes se incorporen al esquema tendrán tres tareas. La primera será revisar los sistemas de seguridad de las edificaciones nuevas.

La segunda consistirá en inspeccionar o certificar inmuebles que ya cuenten con permisos de ocupación, para verificar que cumplan las normas vigentes. La tercera abarcará la recertificación de los sistemas de seguridad de los edificios.
Borrell sostuvo que la propuesta responde a una necesidad identificada por las autoridades y busca reforzar la seguridad.
También consideró que el mecanismo puede beneficiar a la industria de la construcción y a quienes desarrollan actividades comerciales.
“Va a permitir que se haga más rápido las inspecciones y se entreguen los permisos de ocupación”, afirmó el viceministro.
Álvarez remarcó que los organismos acreditados no sustituirán el trabajo institucional de los bomberos. “No estamos delegando nuestra responsabilidad o el derecho a emitir las certificaciones”, señaló.
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El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá añadió que la entidad conservará la potestad de confirmar que las revisiones efectuadas por las empresas sean correctas antes de emitir una certificación.
Las pruebas de hermeticidad en sistemas de gas y las inspecciones eléctricas en edificios de la ciudad de Panamá se han convertido en ejes centrales del debate público sobre seguridad urbana, particularmente después de explosiones y otros incidentes que han dejado víctimas y cuantiosas pérdidas materiales.
La presidenta de la CAPAC, Irene Orillac de Simeone, consideró que el documento puede generar confianza y dinamizar la actividad constructora.
“Sigamos construyendo y no poniendo obstáculos. Podemos agilizar, modernizar y simplificar, pero no perder de vista la seguridad”, expresó Orillac de Simeone.
Un representante de la industria del gas también respaldó la propuesta. Según manifestó, el documento constituye un avance porque las inspecciones pueden ofrecer mayores condiciones de seguridad para la población. La SPIA, por su parte, revisará el proyecto para formular aportes y observaciones.
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