Panamá crea un equipo para garantizar atención a mujeres en riesgo las 24 horas

Las situaciones de violencia contra las mujeres pueden agravarse en cuestión de horas, incluso cuando las oficinas encargadas de brindarles apoyo están cerradas. Una agresión, una amenaza o el quebrantamiento de una medida de protección puede exigir orientación inmediata. Para atender esos casos, el Ministerio de la Mujer creó un equipo de profesionales localizables durante las noches, los fines de semana y los feriados.

El Equipo de Respuesta Inmediata del Ministerio de la Mujer (ERIM) ofrecerá atención psicológica, social y jurídica inicial a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia. Cuando las circunstancias lo requieran, la atención también abarcará a sus hijos e hijas.

El ministerio explica que el riesgo para una víctima no termina al concluir la jornada de trabajo. Por esa razón, el nuevo mecanismo busca mantener disponibles los servicios especializados todos los días del año, durante los períodos en que las oficinas estén cerradas al público. Su intervención estará dirigida especialmente a situaciones de peligro inminente para la vida o integridad de una mujer.

El equipo comenzará a operar con personal de San Miguelito, Panamá Este y la sede central del Ministerio de la Mujer. La resolución dispone que su implementación será gradual y que después se extenderá a otras provincias. Para decidir el orden de expansión se considerará la incidencia de violencia contra las mujeres, junto con los recursos humanos y operativos disponibles.

La ampliación territorial se apoyará en un primer informe de seguimiento previsto durante el semestre inicial de ejecución. Cada nueva provincia deberá incorporarse mediante una decisión administrativa fundamentada del despacho superior. Mientras avanza ese proceso, los profesionales de los Centros de Atención Integral del interior podrán actuar conjuntamente ante emergencias que ocurran en su jurisdicción.

Durante cada período de disponibilidad, el ERIM contará al menos con un profesional de trabajo social, psicología o derecho y un conductor institucional. Ese personal no tendrá que permanecer físicamente en una oficina, pero sí deberá estar localizable para responder. La disponibilidad se organizará fuera del horario regular de atención de las dependencias del ministerio.

El equipo será activado por solicitud del Ministerio Público o por petición expresa de la autoridad del Ministerio de la Mujer. El requerimiento pasará por la Coordinación Nacional de los Centros de Atención Integral, según el lugar donde ocurra el caso. La decisión de intervenir tendrá en cuenta la valoración del riesgo que enfrenta la mujer.

La respuesta dependerá de las necesidades identificadas. Un profesional de psicología podrá brindar contención emocional y primeros auxilios psicológicos, así como una valoración inicial. Trabajo social ofrecerá acompañamiento, evaluará las necesidades de la mujer y sus dependientes, e identificará opciones inmediatas de protección, asistencia y apoyo institucional.

La abogada o el abogado orientará a la víctima sobre sus derechos, la presentación de denuncias y las medidas de protección que puede solicitar. También podrá verificar las medidas cautelares vigentes y coordinar gestiones urgentes con las autoridades judiciales. La resolución precisa que esta asesoría inicial no constituye representación legal.

Si la mujer necesita servicios que excedan las funciones del ministerio, el personal coordinará su remisión a otras entidades para facilitar el acceso a atención médica, justicia, protección o asistencia social. El ERIM complementará la labor de la unidad de protección de víctimas del Ministerio Público, sin asumir las funciones procesales que corresponden a esa institución.

Antes de integrarse al mecanismo, los profesionales deberán recibir formación en atención a víctimas de violencia de género y primeros auxilios psicológicos. La capacitación incluirá la ruta de atención entre instituciones, la protección de datos y el autocuidado. El ministerio también deberá garantizar la actualización anual del personal asignado a estos períodos.

La información obtenida durante una intervención será reservada. Los funcionarios no podrán divulgar datos que permitan identificar a las mujeres atendidas ni a sus hijos. Cada caso deberá registrarse dentro de las 48 horas siguientes a la atención, mientras que la coordinación de los centros enviará informes mensuales sobre activaciones, tiempos de respuesta y remisiones.

La resolución ordena elaborar un protocolo de funcionamiento en un máximo de 30 días hábiles desde su entrada en vigor. Allí se definirán las formas de activación, los tiempos de respuesta por región y las medidas de seguridad para el personal. Quienes sean convocados para atender un caso recibirán tiempo compensatorio por las horas trabajadas.

El nuevo mecanismo surge en un contexto de alta incidencia de violencia. El Ministerio Público registró 16 femicidios y 18 tentativas entre enero y agosto de 2026. En sus estadísticas de violencia doméstica contabilizó 16,775 denuncias en ese período; esta última cifra incluye víctimas de distintos grupos y no corresponde exclusivamente a mujeres.